Los adelantados en Chiapas

En la administración de Rutilio Escandón hay dos funcionarios que promueven sus actividades o reuniones a través de las redes sociales; la presencia mediática de ambos sobresale, a punto tal, que los oficiosos de la especulación, ya de manera anticipada los mencionan como los sucesores del gobernador, estos funcionarios son Ismael Brito Mazariegos, secretario de gobierno y Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado.

Ambos personajes demagógicamente se promueven como garantes del diálogo, el orden, la estabilidad y el Estado de derecho, pero en realidad ellos lo que representan son las violaciones a derechos humanos, la ilegalidad, el abuso y la impunidad. Uno, le dedica tiempo a reuniones con distintos grupos y miembros de la fauna política pero no para construir gobernabilidad sino para sumar adeptos a lo que se venga. El otro, presume los desalojos y la recuperación de miles de hectáreas, en donde recibe aplausos y reconocimientos, pero oculta que muchos de estos desalojos no fueron respaldados por un mandato judicial, en donde prevalece el abuso de autoridad.

Un compromiso de la administración de Rutilio Escandón era acabar con esta larga historia de prácticas represivas y pautas culturales autoritarias que mucho daño le han hecho a la convivencia chiapaneca. Con los actos en estos primeros seis meses de la administración ha quedado claro que la postura de la aplicación de la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a las condiciones de impunidad que imperan en el Estado, donde el castigo significa acabar con los privilegios de la clase política y la sanción a una serie de funcionarios que se enriquecieron en el desempeño de sus funciones, y eso simplemente no se va a dar.

Por el número de homicidios dolosos en la entidad y por la violencia generalizada en más de 20 municipios, lo deseable es que existiera en la entidad una aplicación correcta de la ley y con ello se diera la división de poderes. Esto significaría la autonomía de facto en la impartición de justicia y la posibilidad del castigo a los políticos que hayan incurrido en desvíos, lo que reduciría considerablemente los niveles de impunidad y la corrupción que tanto preocupa al gobernador pero que no se combate con eficacia.

En Chiapas no se está construyendo gobierno y prevalece la inacción política y la impunidad, ambas contienen y expresan un riesgo mayor para la sociedad, pues la violencia se acreciente en esta coyuntura en el que en Chiapas no existe el Estado y las normas se aplican selectivamente o de plano no suelen aplicarse.

Resulta por demás contradictorio la promoción que realizan el secretario de gobierno y el fiscal general del Estado, en virtud de que en Chiapas la impunidad es muy superior a la eficacia, en el que las cifras son espeluznantes: de cada cien delitos que se cometen en la entidad, sólo uno es sancionado. Con estas estadísticas lo que debieran hacer estos funcionarios es ponerse de verdad a trabajar y buscar mejorar la gobernabilidad y la seguridad del Estado, con pleno apego a los derechos humanos.