Ayer el gobierno difundió como una acción de éxito el Acuerdo de no agresión firmado por autoridades municipales y comunales de Aldama y Chenalhó, en el que se presenta como un logro para evitar las agresiones de los grupos paramilitares sin que se contemple la solución de la población que se encuentra en condición de desplazamiento.
A este júbilo desbordado se sumó Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación, quien es uno de los pocos funcionarios de la cuarta transformación que proviene de la izquierda del Partido Comunista, que mantiene una sentido progresista de la política, pero que desafortunadamente desconoce el paradigma de los derechos humanos y su importancia en la construcción de la paz.
La firma de ese acuerdo de no agresión corre el riesgo de reproducir patrones de impunidad, porque no resuelve los agravios del pasado, en el que los desplazamientos forzados han producido muertos, quema de tierras, destrucción de viviendas y múltiples violaciones de derechos humanos, en el que la población afectada es mayoritariamente niños, niñas, adolescentes y mujeres, que por sus propias condiciones de vulnerabilidad requieren de protección especial.
Para la construcción de la paz en el territorio indígena de Chiapas, el gobierno federal y el gobierno estatal tienen que entender que se debe desmovilizar y desarmar a los grupos paramilitares. Pero aún esto es insuficiente sino se realiza una investigación del origen de la violencia y las agresiones y se sanciona a los responsables directos de los desplazamientos y a la autoridades que consintieron y promovieron la actividad de los grupos paramilitares. Junto a la sanción el Estado tiene que garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sobrevivientes y emprender mecanismos de no repetición de esta violencia desbordada y de las prácticas de expulsiones y desplazamientos forzados en las comunidades.
La peor violación de derechos humanos que contiene el acuerdo de no agresión que se firmó ayer, es la omisión de la participación de las víctimas y sobrevivientes, lo que significa que la firma de ese acuerdo es para la foto y difusión mediática pero no para resolver un problema que inició hace más de 25 años y que no hay visos de solución.
Lo paradójico es que ese acuerdo de no agresión es firmado por la presidenta municipal de Aldama, a quien los paramilitares asesinaron recientemente a su esposo y el presidente municipal de Chenalhó, quien es hijo del pastor que bendijo las armas que se utilizaron en la masacre de Acteal, en diciembre de 1997, y que además es señalado como una cabeza importante de los grupos paramilitares que actúan en ese municipio.
Ese acuerdo que ahora se presume como un logro político representa un boomerang para las autoridades de los tres niveles de gobierno, que los pone en la picota, en el momento en que haya un brote de violencia o se provoque un nuevo desplazamiento forzado.
La voluntad política se tiene que demostrar a través de otras medidas y no a través de acuerdos de papel. El Estado, si quiere prevenir los desplazamientos y proteger los derechos de la población desplazada puede emprender tres mecanismos articulados entre sí contemplados en los principios rectores de la ONU: 1) diseñar mecanismos de prevención aplicables antes de que el desplazamiento interno ocurra, es decir, la protección contra desplazamientos arbitrarios; 2) establecer un programa de ayuda para las situaciones actuales del desplazamiento; y 3) implementar medidas que garanticen a la población desplazada el retorno y la reintegración a la vida comunitaria.
Acuerdos políticos para el aplauso pero ineficaces
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