La prostitución de la justicia en Chiapas

El sistema de justicia en Chiapas requiere una limpia inmediata. Uno de los graves problemas del supremo tribunal de justicia en la entidad, es la ausencia de un magistrado presidente con reconocimiento como jurista y con la experiencia necesaria para emprender las reformas que se requieren en la impartición de justicia, en el que se instituya sino una autonomía total, si una autonomía relativa respecto al poder ejecutivo.

La carencia de un magistrado presidente de prestigio no es un problema reciente, sino una ausencia que se viene arrastrando por lo menos de los últimos tres sexenios estatales, en el que el tribunal simplemente transitó de la decadencia a la prostitución de la justicia.

Este problema no es un asunto menor, en virtud de que históricamente Chiapas arrastra dos gravísimos problemas: uno, el de la pobreza y el otro, la ausencia de justicia.

La prostitución de la justicia en Chiapas se expresa con la falta de independencia de los jueces, lo que significa el abandono voluntario de un principio constitucional, que implica la existencia de jueces de consigna, quienes siempre van a estar dispuestos a acatar las instrucciones superiores y con ella avalar las más aberrantes violaciones a los derechos humanos. Desafortunadamente en la entidad hay una práctica sistemática en donde a personas inocentes el juez emite una sentencia privativa de la libertad; pero a su vez, también existen historias que evidencian la otra parte, cuando a un culpable no se le sanciona y se le deja en libertad. En este sentido el sistema de justicia en Chiapas se alimenta de la relación que prevalece entre la impunidad y la corrupción.

Todo esto viene al caso por el proceso de castigo que se emprendió sobre la juez Isabel Álvarez Ramos a quien se le acusa de obstruir la acción de la justicia, por haber dejado en libertad a un presunto feminicida, cuando en la carpeta de investigación elaborada por el ministerio público se encuentra plagada de irregularidades que evidencian violaciones al debido proceso. Por ejemplo se dice que es un asesino confeso cuando la propia fiscalía no pudo demostrar que la firma de la declaración inicial sea del presunto asesino. De igual manera hay evidencias de que el cadáver al que se le practicó la autopsia no corresponde al de la víctima. Frente a estas irregularidades del proceso la juez Álvarez Ramos decidió absolver al acusado poniendo en evidencia la fabricación de pruebas que practica cotidianamente la fiscalía.

En esta historia la fiscalía creó un ambiente mediático de culpabilidad del acusado, lo que produjo la violación al derecho de presunción de inocencia, a punto tal de que el proceso del juicio aún no concluye, pero socialmente se construyó la condena de culpabilidad.

Situación similar está viviendo la juez Isabel Álvarez, la fiscalía le violó la presunción de inocencia y desde el viernes en que indebidamente fue detenida ha sido expuesta al linchamiento de las redes sociales, en el que se construyó una narrativa social de corrupción y culpabilidad, y con ello se le está exceptuando de responsabilidad a la fiscalía de las presuntas fallas en la integración de la investigación.

Los sobrevivientes de la víctima y la sociedad chiapaneca está en la espera de que se haga justicia, algo que en este momento se encuentra fuera de las posibilidades del tribunal, en donde se generaron violaciones al procedimiento, no sólo con el presunto responsable sino también con la juez, a quien ayer se le vinculó a proceso y se le negó el derecho a la fianza, aún y cuando el delito con que se le acusa no es grave.