Otro rostro para Chiapas

La violencia y la inseguridad están convertidos en notas recurrentes en los medios y Redes Sociales. Desafortunada y lamentablemente estos sucesos están presentes en distintos municipios de la entidad, situación que las autoridades se resisten en confirmar e inclusive el gobernador del Estado ha señalado en reunión con su gabinete que vamos bien pero se puede estar mejor.

Sin duda, el gobernador del Estado tiene el derecho de tener su propia realidad y de manifestarla, pero esa realidad no corresponde con la percepción generalizada de la población, que vive en carne propia el incremento de la inseguridad.

En estos momento en el Estado no existe un programa estatal de seguridad, y que incluso la federación tenía previsto enviar a Chiapas una importante fuerza de tarea de la Guardia Nacional, misma que se concretó con la política de control a los migrantes exigida por el gobierno norteamericano, pero esta acción no garantiza por sí misma la disminución de la inseguridad y de la violencia, sino que al contrario, se corre el riesgo de un incremento de violación a derechos humanos.

No se puede pasar por alto que Chiapas sufre una creciente falta de generación de empleos y que además no existe un programa de estímulos para el crecimiento económico y de creación de empleo. A la vez, no existe un programa de salud, ni de educación ni de fomento a las actividades agropecuarias; lo que significa que Chiapas padece problemas estructurales de pobreza y de violencia, que no pueden resolverse por sí solos ni aún con las acciones de política social que piensa promover el gobierno federal y que en Chiapas se pretenden vender como la gran panacea de los problemas de la entidad, que van a mejorar las condiciones de vida de la población.

En los primeros seis meses de la administración de Rutilio Escandón, hemos sido testigos de la inoperancia política en la atención a la población indígena en desplazamiento forzado, en el que no se han propuesto mecanismos de prevención al desplazamiento ni se ha realizado investigación alguna que busca sancionar esta práctica violatoria a derechos humanos; fuimos testigos de la violencia política en el municipio de Amatán, en el que hubo dos asesinatos y eso condujo a la desaparición de poderes del municipio, pero con una operación política adecuada estos homicidios se debieron haber evitado.  Hay un ominoso crecimiento de feminicidios, que tanto el secretario de gobierno como el gobernador del Estado lo han negado, pero cuya cifra se aproxima a 50 mujeres asesinadas con violencia. Se han presentado asesinatos de activistas políticos y defensores de derechos humanos, en el que incluso a raíz del asesinato de Sínar Corzo el gobierno provocó la desaparición de poderes en el municipio de Arriaga y se amenazó a los regidores y síndico a la renuncia, suceso que se revirtió por una resolución del tribunal federal electoral. En las calles se vive un incremento de la delincuencia y después de varios años se presentaron asaltos a bancos y a restaurantes; todo ello en medio de una inoperancia de la fiscalía y de la impartición de justicia.

Chiapas viene de 12 años de gobiernos desafortunados y de desaciertos en el ejercicio del poder y se corre el riesgo en que ese período se prolongue a 18 años, si no se realiza un esfuerzo colectivo para cambiar el rumbo de la historia de Chiapas, en el que ha prevalecido un triángulo de pobreza, violencia e impunidad.