La violación de derechos a personas defensoras de derechos humanos en Chiapas

En febrero del 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación General 25, dirigida a Procuradores y fiscales, Secretarios de despacho, Gobernadores de las Entidades Federativas, Presidentes Municipales y Titulares de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, en el que reconoció que las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la protección de los derechos fundamentales y ayudan a construir el sistema democrático del país.

“Asimismo, se hizo hincapié en que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere en contra del derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, el Estado debe atender la sensible problemática que implican las agresiones a defensores de derechos humanos, ya que sólo de esta manera estarán en aptitud de cumplir con su objetivo de proteger y velar por el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas”.

En esta Recomendación la CNDH señala que “las agresiones que sufren [los defensores] van desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el solo hecho de realizar su actividad, ya que se vuelven incómodos tanto para algunos poderes públicos como para algunos entes privados”.

Las agresiones a los defensores de derechos humanos en México son reiteradas y sistemáticas, y a pesar de la Recomendación General 25, las agresiones continúan, lo que hace de alto riesgo la actividad de defensor de derechos humanos.

Chiapas es un Estado en el que las agresiones a defensores de derechos humanos ha sido reiterada. En los seis meses que tiene la actual administración de Rutilio Escandón, fueron asesinados los defensores Sínar Corzo, en el municipio de Arriaga, Noé Jiménez Pablo, en el municipio de Amatán y José Luis Álvarez Flores, en el  Municipio de Palenque. A su vez, el defensor de los desplazados de Chenalhó, Julio  César Pérez Ruíz, sufrió un intento de homicidio en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, en el que resultó golpeado.

Las agresiones más recientes la sufrieron el defensor de migrantes en Tapachula, Luis Villagrán, quien fuera intimidado el pasado miércoles por la policía estatal, quien le impidió el paso para que asistiera al evento encabezado por el presidente López Obrador en la visita a esa ciudad, así como la del defensor de derechos humanos Diego Cadenas, Director del Centro de Derechos Humanos Ku´untik, responsable de la defensa de desplazados indígenas de Chenalhó, Ocosingo y Zinacantán, quien el pasado viernes, en el Libramiento Sur, en Tuxtla Gutiérrez, fue interceptado por un carro sin placas, del que bajaron tres personas armadas, que se hicieron pasar por policías, quienes pretendieron bajarlo de su automóvil.

Las agresiones sufridas por Julio César Pérez y Diego Cadenas no son hechos aislados ni circunstanciales. Más bien, hay una conducta concertada entre los agresores con la aquiescencia del gobierno, para disminuir la presión política en contra de la administración de Rutilio Escandón y del secretario de gobierno Ismael Brito, quienes no han entendido la real problemática de los desplazados, y no han tomado las medidas preventivas para evitar nuevos desplazamientos, no están cumpliendo con la atención de salud, educación y bienestar de los desplazados de acuerdos con los lineamientos establecidos por la ONU y no han tomado las medidas procedentes para garantizar el retorno de los desplazados.

Este gobierno ha perdido el tiempo en la firma de acuerdos de no agresión, en lugar de reactivar las carpetas de investigación y ejecutar las órdenes de aprehensión de los responsables directos e indirectos de generar el desplazamiento en las comunidades ni han emprendido las acciones para el desarme de los grupos paramilitares. Pero a su vez ignoran que tanto Julio César Pérez como Diego Cadenas tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que el Estado Mexicano está obligado a garantizar la vida de ambos defensores y evitar que se reduzcan los riesgos y violaciones mayores a los derechos de ambos defensores.