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La frontera sur sin el respaldo gubernamental

Editorial
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Los municipios fronterizos de Chiapas son los que más están padeciendo los efectos de la migración. Esto viene reproduciendo un discurso que criminaliza a los migrantes, que recurre a expresiones de terror en la población y que está de acuerdo con una mayor presencia policíaca  en la región, aún y cuando esto militarice la frontera. Este discurso para nada resulta afortunado, en virtud de que genera mayor violencia y oculta o deja de lado los señalamiento del incumplimiento de las responsabilidades internacionales del Estado mexicano.

El Estado mexicano en un inicio le apostó a una política de puertas abiertas en la frontera y ante las amenazas del gobierno de Trump, ahora le apuesta a la militarización de la frontera para evitar el paso de los migrantes. El problema de las migraciones se veía venir de meses atrás y el Estado mexicano no previó medidas alternativas para ordenar, regularizar y disminuir la migración caótica que se observa en ciudades como Tapachula, Huixtla y Ciudad Hidalgo.

Es cierto que hay un importante flujo de migración centroamericana, caribeña y africana en la región, pero esta corriente  migratoria de ninguna manera se pueden comparar con la migración de los años 80s, del siglo pasado, producto de la Guerra en Centroamérica, que alcanzaron cifras de medio millón de refugiados en la franja fronteriza de La Selva.

¿Dónde está la diferencia en ambas migraciones? En los años 80s hubo una coordinación eficaz entre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que permitió integrar los albergues de ayuda, situación que aún no se logra resolver en los procesos de la migración actual.

Inclusive existe una gran ineficacia y corrupción en las dependencias mexicanas, que no se ha logrado atender y resolver los trámites de la migración legal y diferenciarla de la migración ilegal, asimismo al interior de esta migración ilegal existe una inoperancia para otorgar el estatus de refugiado y el de asilado político.

Con la militarización de la frontera y el cierre de la frontera no se está percibiendo  que Tapachula históricamente ha sido una ciudad de migrantes y que en cada ciclo productivo se requiere de miles de trabajadores que cruzan la frontera para trabajar en las cosechas, sobre todo del café, lo que significa beneficios mutuos, en el que se corre el riesgo la afectación comercial en los municipios fronterizos.

La grave situación que se trata de ocultar por diversos intereses, es que el gobierno de la república abandonó a su suerte a la población chiapaneca en los municipios fronterizos y se desentendió de los problemas que ocasiona en la región el flujo desordenado de migrantes. Pero a su vez, se pone en riesgo el derecho al desarrollo de toda esta región, debido a la cancelación de inversiones privadas, en parte por la inseguridad de la frontera y en parte a criterios personales de la presidencia de la república que canceló de manera unilateral, desinformada y poco transparente la zona económica especial en Tapachula, terrenos en el que ahora se buscan habilitar y destinar para el establecimientos de los albergues a la población migrante