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La apuesta combatir la inseguridad con violaciones a derechos humanos

Editorial
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La inseguridad se convirtió en un problema serio en Chiapas, pero el gobierno tiene una incapacidad funcional que lo hace inoperante y considera que con negar el problema y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos bancarios, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control.

La campaña publicitaria de un Chiapas seguro que promueve el gobierno es falsa. Lo que sucede es que hay un Chiapas imaginario en la cabeza de Rutilio Escandón y sus colaboradores, que en las mañanas se sientan tranquilamente a tomar café y a gozar el aire acondicionado de las oficinas, lo grave de esas reuniones mañaneras, es que están convencidos que ese clima agradable es el mismo que tiene la población chiapaneca.

Frente a ese Chiapas imaginario se levanta una realidad que sufre una desigualdad social, que padece una pobreza que tiende a incrementarse, que está aterrada por la falta de circulante y de una ausencia de inversión pública, que está temerosa de los despidos injustificados que realiza la administración, que acumula agravios y cuyo malestar está a la espera de que una chispa incendie la pradera.

La fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad improvisan un plan que es violatorio a los derechos humanos. Pretenden instalar retenes policíacos con el fin de realizar operativos de revisión a los motociclistas para evitar la comisión de delitos y su vez, buscan hacer obligatorio el uso de chalecos  que deberán tener impreso el número de placas de la motocicleta.

Con estas medidas, la administración de Rutilio Escandón está reconociendo su incapacidad de brindar seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos, en donde su apuesta es criminalizar a los motociclistas y así abrir la posibilidad para que se recrudezca la arbitrariedad policíaca, que de años atrás se caracteriza por la implementación de retenes para atracar a la población.

Ni en la fiscalía ni en la secretaría de seguridad hay talento para garantizar la tranquilidad ciudadana. En esas dependencias lo que hay son acuerdos con la delincuencia organizada y en las delegaciones de ambas dependencias se tienen establecidas cuotas a los mandos de un conjunto de ilícitos que a diario se suceden en los municipios fronterizos, que va del tráfico de azúcar, de ganado, de personas, a las rutas de paso de drogas que están claramente establecidas por los principales cárteles del país.

La violencia y la inseguridad va a ir en aumento con la presencia de la Guardia Nacional, hasta el momento en que los distintos grupos delictivos acuerden las reglas de trabajo y el pago de cuotas con este nuevo organismo policíaco.

Rutilio Escandón estaba obligado a mantener los niveles delincuenciales y los acuerdos con los mismos, pero sus rencores y soberbia lo condujo a tomar decisiones en materia de seguridad, que se convirtió en su principal dolor de cabeza, sin tener los elementos y las condiciones para restablecer la paz y la tranquilidad de la población chiapaneca, lo que convierte a su administración en una amenaza para los derechos humanos.