De impunidad y complicidades

Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país, pero eso no lo sabe todavía el fiscal general del. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura para encontrar chivos expiatorios y con ello encubrir a los verdaderos culpables de los delitos, sobre la tortura y la fabricación de pruebas la fiscalía sabe mucho y en todo momento lo aplica.

No es fortuito que en la  nueva administración se presuma como importante logro, que los delitos, los resuelven están y los responsables se encuentran en prisión. Pero después de confirmar cómo la fiscalía siembra pruebas para culpabilizar a personas inocentes, queda la duda de la efectividad de los operativos y entra la sospecha sobre cuántos de los detenidos son en realidad culpables, porque en Chiapas los inocentes son vinculados a proceso y los culpables son liberados.

Hay antecedentes de sobra de cómo los tribunales federales revierten las sentencias, en donde los jueces federales suelen ordenar la liberación de los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles.

En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso del gobernante o con las declaraciones de la fiscalía. La postura de aplicación de la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a las condiciones de impunidad que imperan, donde el castigo significa acabar con los privilegios de la clase política y la sanción a una serie de funcionarios que se enriquecieron en el desempeño de sus funciones.

En la población se empieza a decir que la delincuencia desbordó a las instituciones y cada vez se hace más complicado garantizar condiciones mínimas de seguridad. Los homicidios violentos se han incrementado, el secuestro se hizo presente, los feminicidios llevan un ritmo de uno cada cinco días, los asaltos bancarios que eran parte del pasado, resurgieron en esta administración, los asaltos a transeúntes y negocios están a la orden del día, los asesinatos a luchadores sociales vuelven a surgir como en los viejos tiempos, las ejecuciones callejeras se transformaron en ataques armados. Todo ello sucede en Chiapas en la impunidad total.

Desafortunadamente la impunidad es muy superior a la eficacia, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno se sanciona. Son estas estadísticas lo que debiera hacer que se mejore todo el sistema de impartición y procuración de justicia, pues se corre el riesgo de haya un incremento de homicidios violentos así como de feminicidios, en el que el primer paso que debiera darse es la autonomía del poder judicial y acabar con los jueces de consigna.

De igual manera, la ausencia de autoridad ha mellado considerablemente el orden público y ha generado una degradación del Estado en Chiapas. Es importante aclarar, que el desorden social que se vive en la entidad no es un asunto reciente, pero con la administración de Rutilio Escandón se ha acentuado, a punto tal, que la delincuencia actúa a plena luz del día y en las narices de la fiscalía, ya sea en total impunidad o bajo la sospecha de la complicidad.