La cancelación de la autopista Palenque-San Cristóbal

Uno de los compromisos que Rutilio Escandón contrajo en la toma de posesión de gobernador fue construir la autopista de Palenque –San Cristóbal, ese compromiso quedó diluido el fin de semana cuando el presidente de la república anunció que lo que se va a realizar es una ampliación de la carretera que ya existe.

Gobernar con ocurrencias no es una buena señal. Y lo que ha estado haciendo Rutilio Escandón, en estos siete meses de gobierno, es copiar al presidente en las decisiones lo que implica una renuncia tácita a la atribución de gobernar, pues se constituyó en un apéndice del gobierno federal y lo más que intenta realizar es administrar Chiapas.

La renuncia a la construcción de la autopista es una mala señal, que deja inconforme al sector de empresas turísticas en la entidad, sobre todo por las expectativas económicas y de inversión que entraña esta obra y por la incapacidad manifiesta por el gobernador y sus colaboradores de gobernar con legalidad.

La carretera de San Cristóbal a Palenque es una obra que debe realizarse, pero la posibilidad de su construcción no está en el derecho de vía sino en la búsqueda de acuerdo con las comunidades indígenas. Esa carretera no puede construirse, debido que no se tiene el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios, que se encuentra establecido en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos del derecho internacional y porque no se ha realizado una consulta para obtenerlo.

La consulta a los pueblos indígenas no es un mecanismo de votación para decidir si o no o el de construir mayorías favorables a la realización de un proyecto. Es antes de todo, un proceso para construir un acuerdo y un consentimiento, en donde las comunidades deben conocer a precisión cuáles son los beneficios y las afectaciones a su supervivencia no solo económica sino cultural.

El problema que existe sobre la construcción de la carretera San Cristóbal Palenque es el mismo que existe con otros megaproyectos, como el de sembrar  las miles de hectáreas en la Región de la Selva, que se pretende reforestar y lo mismo que se va a presentar con la construcción del Tren Maya: el Estado Mexicano está violando los derechos a la consulta establecidos en tratados internacionales y reconocidos en los artículos 1º y 2º de la constitución.

Estos proyectos de desarrollo violan el derecho humano a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, pero además violan el derecho a la participación que tienen estas comunidades para decidir de forma efectiva, sobre los proyectos que afecten sus intereses, sus tierras, los recursos y el territorio ancestral que habitan.

El derecho internacional establece que la consulta a los pueblos indígenas es un acto de buena fe, que se realiza previo a cualquier decisión que quieran tomar los gobiernos. El propósito de esta consulta es el de obtener el consentimiento libre e informado, por lo que no debe existir coerción, intimidación o amenazas por parte del Estado o de terceras personas que actúan con su autorización o aquiescencia.

La realización de la consulta es pues el mecanismo que busca hacer compatible los derechos de los pueblos indígenas con el proyecto de desarrollo. También se considera como un verdadero diálogo intercultural que tiene como propósito el consentimiento libre, previo e informado.

El fracaso de la construcción de la autopista no es el rechazo de 10 municipios indígenas que acordaron un no a la construcción de la carretera sino a la incapacidad del gobierno de construir un diálogo con las comunidades. De entrada los negociadores del gobierno plantearon la compra de terrenos para obtener el derecho de vía, cuando en la cosmovisión indígena la tierra es la madre y por lo tanto no está sujeta a la venta ni a la circulación como mercancía. Muy distinto hubiera sido el planteamiento de reconocer el derecho de la propiedad comunal de los pueblos, así como el de reconocer que la carretera es de las comunidades, desde el  momento en que éstas acuerdan otorgar el consentimiento del paso de la misma dentro de su territorio.

La cancelación de la autopista es el fracaso del diálogo, y es la muestra más evidente de la incapacidad de un gobierno que no sabe cómo negociar con las comunidades indígenas, en un marco de respeto a las culturas y la dignidad de los pueblos.