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La policía moral en Chiapas

Editorial
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Con la convocatoria para la integración del Sistema Anticorrupción en Chiapas bien vale la pena realizar las interrogantes  ¿En manos de quién está la seguridad y la justicia en Chiapas? ¿Los funcionarios en Chiapas tienen la calidad moral para emprender un sistema anticorrupción? ¿El Fiscal General, la Secretaria de Seguridad y el Presidente del Tribunal de Justicia tienen los perfiles para garantizar un sistema anticorrupción en Chiapas?

La integración del sistema anticorrupción se debió de haber realizado hace más de un año, pero la iniciativa se congeló para evitar los señalamientos de que se conformaba un organismo a modo del exgobernador Manuel Velasco, en el que se aseguraba la inmunidad. Esta condición de inmunidad finalmente se dio desde la esfera del poder nacional y Rutilio Escandón se quedaba con la atribución de conformar el sistema anticorrupción de acorde a la visión reformadora que en el discurso se estaba ofertando.

Sin embargo en los nombramientos del fiscal general el gobernador mandó un claro mensaje de ilegalidad y de carencia de calidad moral, pues Jorge Luis Llaven Abarca carga con el estigma de torturador, desde su paso como funcionario menor en la procuraduría. De igual manera el gobernador Rutilio Escandón también le falló a Chiapas con el nombramiento del responsable de la Auditoría Superior del Estado, pues el nombramiento de Uriel Estrada Martínez es ilegal, al incumplir con los requisitos que la ley establece para desempeñar ese cargo y este personaje tiene como antecedente de haber participado en la tortura y muerte de un detenido.

Chiapas también padece de una falta de respeto en la figura del presidente del Tribunal de Justicia, con trayectoria política pero nula participación en labores jurídicas. Juan Oscar Trinidad no tiene las competencias para el desempeño de esa responsabilidad, lo que le impide ser la cabeza de los juzgadores e impartidores de justicia.

El sistema anticorrupción en Chiapas desde su origen nace ciego, sordo, manco y paralítico. Esto significa que la principal oferta política del gobierno de López Obrador, que es el combate frontal a la corrupción, no tiene cabida en la entidad. Y no tiene cabida por dos razones: una, que este gobierno surgió de un acuerdo de inmunidad a los funcionarios del régimen anterior; y, la otra, a que muchos de los funcionarios del actual gobierno –sobre todo los responsables de la seguridad y de la impartición de justicia-, participaron en la administración pasada y algunos de ellos fueron partícipes de la corrupción, las complicidades y de los beneficios generados por el derroche y la falta de control.

Finalmente en el Diario Contrapoder expresamos nuestra profunda preocupación por la ausencia de la debida investigación del asalto de nuestras instalaciones sufrido hace un año, en el que queda la sensación de que el ataque recibido fue un acto intimidatorio, orquestado directamente  por los cuerpos policíacos del Estado, en un momento en que se definía un gobierno de transición, en el que el beneficiario con el silencio de una prensa incómoda como nos caracterizan era el nuevo gobierno. 

Lo más preocupante de estos ataques, es que todas las agresiones sufridas por periodistas, en el se incluye el asesinato de uno de ellos, han quedado en la total impunidad, aun y cuando se interpusieron las denuncias correspondientes. Lo que queda suficientemente claro en que existe una protección gubernamental a los autores materiales e intelectuales de estas agresiones.

Esta ausencia de investigación y de protección a periodistas, compromete la responsabilidad internacional del Estado y por este motivo el gobierno de Chiapas puede ser sometido a juicio en las Cortes Internacionales.