No hay cabeza para atender los problemas del campo chiapaneco

Editorial
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Hay una terrible ineficacia en la secretaría de agricultura, ganadería y pesca en Chiapas así como en las oficinas de la SADER en la entidad, lo que evidencia que en el Estado no hay cabeza para atender los graves problemas que tiene el campo. Bajo estas circunstancias ¿Quiénes son los responsables para canalizar los recursos de apoyos agrícolas al campo chiapaneco? ¿A quién hay que cargarle la responsabilidad de la falta de apoyos para la producción de maíz, que genera que el 80% del territorio laborable esté sin sembrar? ¿Por qué el gobierno estatal y los funcionarios de SADER guardan silencio ante la crisis del campo que se avecina? Hasta ahora ningún funcionario ha dimensionado la magnitud de la crisis en la producción de grano que se puede presentar, lo que significa una amenaza hacia grupos que viven en la pobreza y pobreza extrema, que forman parte del amplio sector de la población que vive en la inseguridad alimentaria y que padecen problemas de desnutrición.

Uno de los grandes yerros de las designaciones de personas para integrar el gabinete de Rutilio Escandón se presentó en el nombramiento de la actual secretaria del campo. Aquí no se valoró la importancia que tiene esta secretaría, no sólo para la promoción de programas que mejoren la productividad agrícola sino también por el papel político relevante que tiene el gobierno para establecer condiciones de  gobernabilidad y de atención a miles de productores y trabajadores agrícolas.

La situación, es que el período de siembra está por concluir y hay un notable abandono del campo chiapaneco, en el que se comparten responsabilidades e ineficiencias entre el gobierno del Estado y la figura del superdelegado del gobierno federal, en el que ni siquiera se cumplió con la integración del Censo de Bienestar que haga posible la inscripción de los productores beneficiados con los apoyos de los programas.

La ausencia de distribución de los recursos del Programa Producción para el Bienestar y el de la entrega de fertilizantes así como los márgenes estrechos de intervención que tiene la secretaría de agricultura de la entidad, generó que un problema fundamentalmente de productividad agrícola adquiera un matiz político,  en el que interviene la secretaría de gobierno y programa una reunión política entre el gobernador y los principales dirigentes de organizaciones campesinas y de trabajadores agrícolas, en el que seguramente se llegaron a acuerdos políticos pero eso no resuelven los problemas de ineficacia gubernamental en la liberación y distribución de los recursos ni en la posible crisis alimentaria que se puede vivir en la entidad en los próximos meses.

La situación en el campo no es un asunto sencillo y se puede regresar a la época de los ochenta, en donde la violencia institucional, que era promovida por el Estado, ocasionó una represión generalizada hacia los trabajadores y productores agrícolas, que se movilizaron en la exigencia de garantías para la producción agrícola.

El gobernador Rutilio Escandón trae un discurso de combate a la corrupción pero no entiende que designar a funcionarios que no tienen las competencias para desempeñar una responsabilidad es un acto de corrupción y no percibe que los subejercicios presupuestales, como el que ya hay en la secretaría de agricultura en el que no se brindaron los apoyos para los maiceros también es corrupción, y lo más grave, es que tampoco le resulta claro, que los recursos públicos destinados para procurar la autosuficiencia alimentaria, que no son ejercidos, representan una violación a derechos humanos, en el que deben ser sancionados los funcionarios responsables de esos atropellos.