Inseguridad e impunidad en Chiapas

Las últimas dos ejecuciones en la entidad debiera de encender la alerta en el gobierno de Rutilio Escandón y reconocer que la inseguridad en Chiapas se encuentra desbordada. Hace dos días fue asesinado el expresidente municipal de Amatenango de la Frontera y ayer fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez la directora de la escuela particular Instituto Hispano Jaime Sabines.

Los funcionarios de Chiapas no terminan de aprender que ya no se puede gobernar con mentiras difundidas por boletines que nadie lee ni se puede ocultar la realidad con discursos de éxito que ni el propio gobernador cree. La mesa de seguridad que sesiona en palacio de gobierno sólo funciona para que un grupo de funcionarios se reúnan a tomar café y a gozar del clima artificial del aire acondicionado, que hace presuponer a estos funcionarios que toda la población chiapaneca tiene el mismo clima agradable que ellos.

Lo real, que se niega a ver el gobernante, es que Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura y de fabricación de pruebas para encontrar chivos expiatorios y con ello la fiscalía suele encubrir a los verdaderos culpables de los delitos.

No es fortuito que en la  nueva administración se presuma como importante logro, que los delitos graves sucedidos están resueltos y los responsables se encuentran en prisión. Pero después de confirmar cómo la fiscalía siembra pruebas para culpabilizar a personas inocentes, queda la duda de la efectividad de los operativos y entra la sospecha sobre cuántos de los detenidos son en realidad presuntos culpables.

Hay antecedentes sobre muchas de estas acciones fantasiosas orquestadas por el personal de la fiscalía que se revierten en los amparos ante los tribunales federales, en donde los jueces federales suelen ordenar la liberación de los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles.

En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso del gobernante, que manifiesta que en seguridad las cosas se están haciendo bien, pero la queja principal en todos los lugares es la inseguridad que se respira a diario en todo el territorio. La postura de aplicación de la ley sin restricciones que predica el fiscal general, en el que afirma que se va a combatir la impunidad resulta deleznable, simple y sencillamente porque la impunidad existe en todos los países del mundo, solo que aquí es del 99%.

En la población se empieza a decir que la delincuencia desbordó a las instituciones y cada vez se hace más complicado garantizar condiciones mínimas de seguridad. Las ejecuciones y los homicidios violentos se han incrementado, el secuestro se hizo presente, los feminicidios llevan un ritmo de uno cada tercer día, los asaltos bancarios que eran parte del pasado, resurgieron en esta administración, en donde ayer hubo un robo a un cuentahabiente en Plaza Cristal, en Tuxtla. En la zona cafetalera del Soconusco se habla de grupos armados que están invadiendo fincas, los asaltos a transeúntes y negocios están a la orden del día, los asesinatos a luchadores sociales vuelven a surgir como en los viejos tiempos y la vigilancia e intervención telefónica a los periodistas se transformó de la noche a la mañana en persecución y en un ataque a la intimidad. Todo ello en la impunidad total, que el fiscal nos dice que la está erradicando..

Desafortunadamente en Chiapas la impunidad es muy superior a la eficacia policíaca, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno se sanciona. Con estas estadísticas el gobernador, el fiscal general y todos los funcionarios de la administración debieran de guardar silencio y ponerse a trabajar en serio, pues la tendencia muestra la posibilidad de un incremento de homicidios violentos así como de feminicidios, en el que el primer paso que debiera darse es la autonomía del poder judicial y acabar con los jueces de consigna y la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes.

Chiapas vive una etapa difícil de gobernabilidad y de inseguridad y a eso se le agrega la falta de inversión pública del Estado, en el que los recursos asignados por la federación se están guardando por una ineficacia, que muestra lo bisoño y lo irresponsable del gabinete.