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Los excesos de un fiscal acusado de tortura

Editorial
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La entidad arrastra problemas históricos de pobreza, desigualdad social e injusticia que no van a resolverse en los próximos seis años, pero que en las expectativas de la población, por el discurso de la cuarta transformación, se esperaba que desde el inicio de la gestión el gobernador Rutilio Escandón buscara sentar las bases para la transformación de Chiapas y el mejoramiento de la impartición de justicia pero esto simplemente no se ha hecho.

Después de doce años consecutivos de gobiernos malogrados y de inaplicación de la justicia, que generó una deslegitimidad, un hartazgo y un malestar popular, parecía obvio que los inicios del gobierno de Rutilio Escandón iban a estar marcados por la tensión y los conflictos, y que una tarea primordial era reconstruir los márgenes de gobernabilidad, a través de una política de garantizar la legalidad con la aplicación correcta de la ley.

Bajo este desafío lo peor que podía suceder en la entidad, y desafortunadamente se produjo, es la continuidad de un gobierno con una aplicación selectiva de la ley, la subordinación del poder judicial a los caprichos de la fiscalía general, la prevalencia de jueces de consigna, la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, la práctica de linchar mediáticamente en las redes sociales a presuntos culpables violando la presunción de inocencia y criminalizar a  activistas políticos violando inescrupulosamente los derechos humanos.

Frente a este cúmulo de irregularidades en el que basa su actuación la fiscalía general, se instala un discurso aberrante que termina siendo ofensivo para el ejercicio del derecho, pues se suele hablar de cero tolerancia y los boletines de la dependencia terminan expresando: “La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, refrenda una vez más su serio compromiso con las y los chiapanecos de que no habrá impunidad a ningún acto delictivo que se cometa en la entidad”. Cuando es esta fiscalía la que actúa al margen de la ley, fabrica pruebas para inculpar inocentes y emplea sistemáticamente la tortura para que los detenidos sean confesos y todo esto lo realiza bajo el manto de la impunidad, que el propio fiscal asegura que va a combatir.

Ayer domingo fue detenido el abogado Horacio Culebro Borrayas, su detención revive la vieja práctica de la policía de hace 30 años, en el que se ejecutaban órdenes de aprehensión en fines de semana, práctica erradicada y prohibida pues contiene serias y graves violaciones de derechos humanos, pues entraña la extorción policíaca.  A Culebro Borrayas, al que ningún juez lo ha sentenciado como culpable, la fiscalía violó el principio de la presunción de inocencia, al ser expuesta su detención en las redes sociales lo que produjo un linchamiento mediático, en el que se violó la presunción de inocencia. Además en la detención se percibe una actitud dolosa y de abuso de autoridad por parte de la fiscalía, al acusarlo de delincuencia organizada, con el único fin de negarle la libertad bajo fianza.

Sin prejuzgar las presuntas responsabilidades en las que haya incurrido el abogado Horacio Culebro, lo que se cuestiona es la actuación de la fiscalía, que tiene serios visos de ilegalidad y de violación de derechos humanos, al presentar un caso de detención como si ya hubiera una sentencia judicial de culpabilidad. Por este solo hecho la fiscalía se va a quedar sin caso y se tendrá que dictar la libertad del inculpado.