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Sin voluntad para atender las demandas de los grupos desplazados

Editorial
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El día de ayer Alexandra Bilak, Directora del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) con sede en Ginebra Suiza, Andrés Ramírez Silva, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y Rocío González Higuera, Jefa de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno federal visitaron el campamento provisional de personas desplazadas del Ejido Puebla, del municipio de Chenalhó, ubicado en SCLC, en el que conocieron en voz de los propios desplazados las afectaciones al proyecto de vida que están sufriendo,  las condiciones de desplazamiento que padecen, que trae consigo el rompimiento de lazos familiares,  sociales y culturales con la comunidad, y que los sitúa en una condición de vulnerabilidad laboral, en el acceso a las necesidades vitales como la alimentación, la salud y educación y que los expone a actos de violencia física o sexual, a ataques armados, desapariciones, todas ellas violaciones graves a los derechos humanos.

El problema de los desplazados indígenas no es un asunto reciente en la entidad sino que lleva más de 25 años, sin que haya de parte del Estado la mínima muestra de querer resolver de raíz esta situación, a pesar de que existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le pide al gobierno de Rutilio Escandón implemente un programa de construcción de paz y realice el desarme de los grupos paramiltares en este territorio indígena.

El actual gobierno mantiene la misma conducta de sus antecesores, de reproducir patrones de impunidad, porque no resuelve los agravios del pasado, en el que los desplazamientos forzados han producido muertos, quema de tierras, destrucción de viviendas y múltiples violaciones de derechos humanos, y donde la población afectada son mayoritariamente niños, niñas, adolescentes y mujeres, que por sus propias condiciones de vulnerabilidad requieren de protección especial, tal y como lo establecen los tratados internacionales y la normatividad nacional.

Para la construcción de la paz en el territorio indígena de Chiapas, el gobierno federal y el gobierno estatal tienen que entender que se debe desmovilizar y desarmar a los grupos paramilitares. Pero aún cumpliendo con esta recomendación de la CNDH, esto resulta insuficiente sino se realiza una investigación sobre las causas de la violencia y las agresiones y se determinan los mecanismos de  sanción a los responsables directos de los desplazamientos y a las autoridades que consintieron y promovieron durante estos años la actividad de los grupos paramilitares.  Junto a la sanción, el Estado tiene que garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sobrevivientes y emprender mecanismos de no repetición de esta violencia desbordada y de las prácticas de expulsiones y desplazamientos forzados en las comunidades indígenas.

La voluntad política se tiene que demostrar a través de acciones concretas que han sido manifiestas en las diferentes reuniones que han mantenido el grupo de desplazados con las autoridades. Estas acciones se resumen en la aplicación de tres mecanismos articulados entre sí, que están contemplados en los principios rectores de la ONU: 1) diseñar mecanismos de prevención aplicables antes de que el desplazamiento interno ocurra, es decir, la protección contra desplazamientos arbitrarios; 2) establecer un programa de ayuda para las situaciones actuales del desplazamiento; y 3) implementar medidas que garanticen a la población desplazada el retorno y la reintegración a la vida comunitaria. 

La ausencia de voluntad política y la dificultad de los funcionarios del gobierno de Rutilio Escandón para dimensionar esta problemática, va a conducir que sean las Cortes Internacionales quienes sancionen al Estado mexicano por el incumplimiento a sus responsabilidades internacionales en materia de atención a grupos desplazados.