En Chiapas es irrelevante gobernar

La inseguridad sigue golpeando a la sociedad chiapaneca, que cada vez se ve más reducida a la indefensión. Aún no se salía del asombro ocasionado por el asesinato del matrimonio de ambientalistas el fin de semana en San Cristóbal de Las casas y ayer en Tapachula fue asesinado en su domicilio un conocido y apreciado productor platanero.

La estrategia de las reuniones de la mesa de seguridad que encabeza el gobernador no están funcionando y el informe de los datos que sitúan a Chiapas dentro de las entidades más segura del país está truqueado, debido a que las fiscalías no levantan las denuncias ni abren las carpetas de investigación sino que realizan un trámite de acta administrativa, que regularmente se archiva.

De igual forma los niveles de impunidad en Chiapas, que es del 99%, ocasiona que las personas no acudan a poner denuncias de delitos, porque lo consideran una pérdida de tiempo y en ocasiones un riesgo, al tener que señalar en la denuncia la dirección de su domicilio.

La inseguridad en Chiapas es un problema estructural, que está articulada a otros problemas como el nulo crecimiento de la economía, la pérdida de empleos, la falta de inversión en proyectos productivos, la mala calidad educativa que se imparte en las escuelas públicas y privadas, la ausencia de justicia en la entidad, al debilitamiento de un conjunto de instituciones que redujeron la capacidad de integración y de socialización, al despojo en sus diversas manifestaciones que se vive en Chiapas y a la ausencia de gobierno acumulada en los últimos 13 años.

Ante un problema multifactorial como es el de la inseguridad se requieren acciones multifactoriales, pero eso no lo entiende el gobernador y menos sus colaboradores, en el que se empecinan en decir que todo está muy bien y que ofrecen un Chiapas seguro para la población y el turismo.

Ya se ha señalado que en Chiapas no hay servidores públicos a la altura que las circunstancia obligan y más grave aún, que no hay una agenda política ni se está cumpliendo con un plan de gobierno. Dentro de esta condición resalta la ausencia de un plan de seguridad estatal y la necesidad de una reforma del poder judicial, que se encuentra anquilosado y subordinado a las arbitrariedades e ilegalidades bajo las que actúa la fiscalía general del estado.

La ausencia de un plan de seguridad se quiere sustituir con el discurso de la cero tolerancia o peor aún, con la falsa idea de erradicar la impunidad, cuando ni lo uno ni lo otro aplica para Chiapas, en virtud de que son los propios funcionarios los que no apegan sus actos a la ley, lo que los convierte en infractores.

El malestar por la inseguridad es notorio en las principales ciudades de la entidad. En Tapachula, inclusive, hay quejas de sectores productivos que han buscado cita para reunirse con el fiscal general para abordar los problemas de seguridad en la región y no se las han dado, aun y cuando recientemente sesionó en Tapachula la ineficaz mesa de seguridad, presidida por el gobernador Rutilio Escandón.

¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos asaltos más? ¿Cuántos feminicidios más? ¿Cuántos secuestros más? ¿Cuántos asaltos más a bancos y a cuentahabiente? ¿Qué más tiene que suceder en Chiapas para que el gobernador Rutilio Escandón entienda que su función principal es la de gobernar?