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La fiscalía general de Chiapas viola el Estado de derecho

Editorial
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El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, lleva semanas repitiendo un discurso demagógico de cero delincuencia y asegurando que en Chiapas no se negocia la ley y la justicia. El mensaje recurrente del fiscal es insostenible en los hechos, pues él forma parte de un red de complicidades al interior de esa dependencia, en el que se viola la ley sistemáticamente y en la que se práctica la tortura como el método principal para inculpar a los detenidos.

Como muestra de esta afirmación se reconstruye la historia publicada los días 9 y 10 de mayo en esta misma sección del Diario Contrapoder en Chiapas.  Aquí la narrativa de los hechos: Omar Alejandro Acero Arroyo junto con 30 ministeriales sin orden de detención ni de cateo irrumpieron dentro de la propiedad  de don José Gregorio Coutiño Cruz, quien fue detenido junto con otros cinco familiares y expuestos a la opinión pública como los responsables del homicidio de Santos Abdul Guízar Manzur.

En el montaje que armaron en el operativo de detención, la fiscalía denunció que habían sido detenidos en flagrancia por robo en una gasolinería. Versión que fue desmentida con un video, en el que se observa cómo, con lujo de violencia, el detenido fue sacado de su domicilio. Ante esa evidencia el juez de control resolvió la no vinculación a proceso, poner en libertad a todos los detenidos y dar vista al ministerio público para la investigación de lo que resulte de la alegada tortura, denunciada por el detenido con la evidencia del video.

No obstante esta instrucción del juez, el fiscal Acero Arroyo la incumplió, pues de inmediato sometió al señor Gregorio Coutiño a un nuevo proceso, ahora de intento de asesinato, igual de amañado que el anterior, con fabricación de pruebas, como el de sembrarles armas de fuego en su domicilio.

El acto infamante de la fiscalía, de abrir un nuevo proceso con pruebas fabricadas, fue avalada por el juez de control del Amate, quien vinculó a proceso a don Gregorio Coutiño Cruz, persona de la tercera edad, aún y cuando quedó demostrado que todas las pruebas presentadas por la fiscalía carecían de sustento, inclusive un policía, que declaró como testigo de cargo, señaló que el ministerio público le ordenó que no se presentara, pues su declaración demostraba que don Gregorio no se encontraba en el lugar de los hechos y que la primera declaración de la víctima, que ese policía levantó en el parte informativo homologado, jamás mencionó la presencia de don Gregorio sino que esa versión surge en una segunda declaración claramente manipulada por el ministerio público, empecinado en procesar a un inocente.

La complicidad del fiscal general en este caso aberrante de inculpación y de práctica de tortura se confirma, en el momento mismo en que el juez de control ordenó al ministerio público la investigación por alegada tortura, que manifestara el detenido Gregorio Coutiño y que se comprueba con un video exhibido ante el juez por los familiares, que no deja duda alguna de la violencia ejercida por personal de la fiscalía contra una persona de la tercera edad, sin que a la fecha se haya realizado  investigación alguna, en una clara muestra de desacato, en el que el fiscal Llaven Abarca es responsable por omisión. Pero el agravio a la sociedad chiapaneca es aún mayor, en virtud de el fiscal de alto impacto, Omar Alejandro Acero Arroyo, acusado de alegada tortura ante un juez de control, quien dio vista al ministerio público e instruyó se realizara la investigación, no ha sido separado del cargo y continúa inculpando inocentes con fabricación de pruebas y practicando la tortura.

La cero tolerancia fue un proyecto de seguridad con mucho éxito aplicado en la Ciudad de Nueva York por el Alcalde Rudy Giuliani, pero que entraña una discriminación y violación a derechos humanos, en virtud que la tolerancia cero sirve para criminalizar y restringir derechos legales de los ciudadanos más pobres, y deja en libertad los crímenes económicos o informáticos de la gente pudiente, tal y como se puede constatar en Chiapas, que no ha sido investigado ningún delito de cuello blanco cometido por los funcionarios de éste y los anteriores gobiernos.

Con el discurso de la cero tolerancia el fiscal general está cometiendo una farsa y está encubriendo delitos de tortura que se cometen en esa dependencia, muy seguramente con su aval o autorización, lo que significa, que en el marco de la tolerancia cero, Jorge Luis Llaven Abarca y otros funcionarios de la fiscalía debieran ser procesados por obstrucción de la justicia, por alegada tortura y por fabricación de pruebas.