La ilegalidad del gobierno en Chiapas

El compromiso de mayor seriedad que el gobierno de Rutilio Escandón podía ofrece a la sociedad chiapaneca era el de la garantía de la legalidad, en donde todos los actos y decisiones del gobierno estuvieran apegados al marco la ley. Esto que es un principio de cumplimiento obligatorio en un Estado democrático, no es cierto para el Estado Mexicano y muchísimo menos para el Estado de Chiapas, en el que de manera reiterada se toman decisiones al margen de la ley y de manera sistemática y generalizada se violan derechos humanos, lo que significa que la llamada cuarta transformación en la entidad es un discurso falso y demagógico.

Por eso resulta cuestionable la actitud asumida por el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, de repetir como merolico de feria el discurso de cero tolerancia, pues en Chiapas la justicia no existe, el derecho se aplica discriminadamente y lo más grave aún es que la fiscalía fabrica pruebas para incriminar a inocentes y de manera reiterada viola el principio de presunción de inocencia de los detenidos.

En Chiapas no hay división de poderes y el gobierno de Rutilio Escandón ni por asomo promueve la autonomía del poder judicial, que está instalado en la ilegalidad, pues su integración incumple con lo que establece la Constitución local. A esta ilegalidad se le suma la práctica de liberar presos sentenciados, a través de una Mesa de Reconciliación que es inconstitucional e inconvencional y que reproduce los mecanismos de impunidad. En los últimos años –con la participación del fiscal y el gobernador como funcionarios del anterior gobierno-, se han liberado a homicidas, secuestradores, feminicidas, tratantes, ladrones de autos y violadores, y durante este gobierno se han realizado dos eventos de liberación de presos a través de esa ilegal mesa de reconciliación: uno el 29 de diciembre, en el que se liberaron a 142 sentenciados y otro, el 10 de mayo, en que se liberaron a 12 sentenciados.

El discurso de la lucha frontal contra la impunidad y el de cero tolerancia que utilizan los funcionarios en Chiapas no es creíble y termina siendo una burla para los sobrevivientes de una víctima, así como para los familiares de personas inculpadas de un delito a través de pruebas fabricadas por el ministerio público.

Socialmente lo más sano y práctico para el gobierno de Rutilio Escandón y para la sociedad chiapaneca es el retorno a la legalidad, no solo porque la legalidad debiera ser el principio de toda transformación política sino debido a que en Chiapas existe un déficit de justicia y de desatención social, que viene generando un profundo resentimiento en los movimientos de protesta, que han hecho de la manifestación violenta un instrumento político para hacerse escuchar y para garantizar que sean atendidos por los funcionarios públicos. Pero además porque en Chiapas existe una impunidad en la actuación de los cuerpos policíacos y en las instituciones impartidoras de justicia, que terminan legitimando las acciones violentas en la protesta en grupos como el FNLS, en los estudiantes de Mactumatzá y en diversas acciones que realizan los maestros y los grupos campesinos.

Asimismo resulta incongruente que el gobierno convoque a la legalidad a los grupos que se han radicalizado, cuando el gobierno no actúa en el marco de la legalidad y detiene a activistas sociales, les inventa delitos, los tortura y obtiene una declaración de inculpado a través de estos métodos aberrantes y violadores de derechos humanos.