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La caravana de desplazados indígenas

Editorial
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El fin de semana un grupo de desplazados indígenas inició una caravana hacia la Ciudad de México, como una muestra de protesta a que no hay avances en la entidad en la búsqueda de soluciones a las violaciones múltiples de derechos humanos que padecen todos los días.

Son varias las reuniones que este grupo de desplazados han tenido con autoridades del actual gobierno sin que haya avances. El principal problema en esas reuniones es el desconocimiento de la autoridad de las causas y consecuencias que originan los desplazamientos, así como la ausencia de información sobre las responsabilidades internacionales contraídas por el Estado en el que se establecen obligaciones que se deben a atender para resolver esta condición de desplazamiento.

Los desplazamientos indígenas en Chiapas viene de varias décadas atrás, sin que haya la intención de los gobiernos por resolver esta situación. Lo grave de este problema  es  que a partir del año de 1994, con la rebelión indígena zapatista, se diseñó una política de Estado para crear, adiestrar y financiar grupos paramilitares con la finalidad de enfrentar a los pueblos indígenas y a partir de allí generar un discurso que señalara la existencia de conflictos intercomunitarios.

En los desplazamientos indígenas son muchos los sucesos de violencia los que se han presentado y el Estado, a la fecha, continúa desestimando el clima de agravios, conflicto y de tensión social que prevalece en las comunidades, en el que la autoridad gubernamental ha sido omisa y ahora es directamente responsable de cualquier hecho de sangre que se presente en los municipios de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, así como en otros municipios susceptibles a desplazamientos forzados.

En los municipios indígenas existe una profunda polarización social, que no está siendo entendida ni aquilatada por el gobierno de Chiapas, en donde los diferentes grupos paramilitares impusieron condiciones en la región y la reincidencia de enfrentamientos y muertos están llegando a un nivel en el que se puede desencadenar un conflicto mayor que va a poner en riesgo la seguridad nacional del país.

Sobre los desplazados de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han emitido medidas cautelares y recomendaciones al Estado mexicano y al gobierno de Chiapas para que atienda esta situación para que prevea medidas que eviten daños mayores o violaciones graves a los derechos de esta población, y ha recomendado al gobierno de Chiapas el desarme de los grupos paramilitares. Hasta ahora el gobierno chiapaneco ha sido omiso a esta recomendación y se ha dedicado a promover reuniones con presidentes municipales para la firma de acuerdo de no agresión, que en nada satisface a la búsqueda de la paz y la justicia.

La caravana de desplazados a la ciudad de México es una muestra clara que en Chiapas no se tiene la intención de resolver esta problemática y se busca la intervención de autoridades del gobierno federal, pues finalmente la responsabilidad internacional es del Estado mexicano.

La solución al desplazamiento en Chiapas no están en la realización de reuniones que solo prolongan los problemas. El punto de partida de la solución está en la desparamilitarización y en un proyecto de construcción de paz, que sancione a los responsables de los desplazamientos indígenas, que establezca criterios transparentes para la reparación integral del daño y que se establezcan mecanismos de no repetición de hechos que genere los desplazamientos.  Esta propuesta de solución implican decisiones en tres vertientes del mismo problema: intervención con medidas preventivas para evitar se continúen con las prácticas de desplazamiento; proporcionar la atención de oportunidades en educación y trabajo así como garantizar el acceso a la alimentación, vestido, refugio y salud; y, realizar acciones políticas que posibiliten el regreso y la reintegración a la vida comunitaria.