El asalto al camión de valores

En Chiapas la fiscalía general de manera reiterada construye historias que le dan sentido y enriquece al realismo mágico chiapaneco. Una de esas historias es el asalto del camión del servicio panamericano, en el conflicto de Río Florido, en el municipio de Ocosingo, en el que se acusa al FNLS de quedarse con los más de diez millones de pesos que supuestamente eran trasladados en ese vehículo blindado.

Esa historia parece más una fabricación de pruebas que un hecho verídico. Pues de ser real, se tendría que procesar por omisión al responsable del operativo montado por la Guardia Nacional, la policía estatal y la fiscalía, debido a que resulta a todas luces una insensatez y una irresponsabilidad, haber permitido que un camión del servicio panamericano con esa cantidad de dinero se acercara a la zona de conflicto y más, correr el riesgo de que ese dinero pasara a manos de un grupo señalado como beligerante por la propia fiscalía, en el que prácticamente se le estaría poniendo en sus manos un recurso a este grupo, que les permitiría el financiamiento de más acciones “desestabilizadoras”.

Por su parte el FNLS rechaza categóricamente que el camión blindado llevara el dinero que la fiscalía asegura y de manera enfática afirma que todo es un ardid montado por la propia fiscalía para incriminarlos y justificar la detención de los miembros de la organización.

La narrativa de los hechos de la fiscalía parece un guión de película por lo que resulta poco convincente; por el contrario, se denota más una operación montada con el fin de criminalizar al FNLS, que es lo que realmente se viene haciendo en las redes sociales, con un boletín de la fiscalía, en el que se les hace responsable del robo de más de diez millones de pesos, en el que se muestra la intención de la fiscalía por desarticular a esta organización.

La fiscalía tiene graves problemas de credibilidad. Son muchas historias de fabricación de pruebas que se les conoce y por lo tanto son muchas familias las que han sufrido un comportamiento al margen de la legalidad de los funcionarios de la fiscalía.

Al respecto, en el círculo de trabajadores de la fiscalía se comenta de un operativo que se pensaba fabricar en la detención del abogado Horacio Culebro Borrayas. Esta historia demuestra nuevamente el realismo mágico que inunda el funcionamiento de esta dependencia. En el operativo de detención –se comenta en el círculo cercano del fiscal general-, se recibió una orden de que se tenía que sembrar un muerto en el domicilio de Horacio Culebro, la instrucción grave y descabellada provenía de la oficina de la consejería jurídica del gobernador. El delito que se pensaba fabricar no era un asunto menor y se comenta que el fiscal lo consultó directamente con el gobernador.

La respuesta fue de cólera y la instrucción fue precisa, que la detención se hiciera de acuerdo a la legalidad. Visto de esta manera, pareciera que el gobernador no se presta a los actos de corrupción y fabricación de pruebas. Pero de ser cierta esta historia la reacción del gobernante es insuficiente, porque conoció de primera mano los talantes de sus colaboradores  y no corrigió de raíz el comportamiento perverso que transpira en algunos funcionarios, que toman decisiones a nombre del gobernador.

La acción de la fiscalía de vincular a proceso con montajes y fabricación de pruebas encara siempre un dilema, que por la vía de amparo los jueces federales decidan liberar a los detenidos.