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Las víctimas de Acteal

Editorial
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En Chenalhó, de años atrás existe una profunda polaridad social, que no está siendo aquilatada en la justa dimensión por el actual gobierno de Chiapas, y las aguas están llegando a un nivel en el que se puede desencadenar un enfrentamiento en la población con gravísimas consecuencias.

En diciembre de 1997, ya hubo en Chenalhó una masacre que el gobierno tampoco atendió con la celeridad debida y eso ocasionó la renuncia del gobernador en turno, Julio César Ruíz Ferro.

Al respecto, son muchos los avisos de violencia que se han presentado en el último año en Chenalhó y el gobierno continúa desestimando el clima de agravios, conflicto y de tensión social que prevalece en ese lugar, en el que la autoridad gubernamental ha sido omisa y ahora es directamente responsable de cualquier hecho de sangre que se presente en este municipio, pues sobre los grupos paramilitares que actúan en este municipio, la CNDH emitió a principios del año dos recomendaciones para que el gobierno estatal iniciara el proceso de desarme de los grupos e implemente una política pública para la construcción de la paz en esa región y a la fecha no se ha realizado ninguna acción para cumplir con esta recomendación.

Sobre la masacre de Acteal, se ha señalado que ésta formó parte de una estrategia de los gobiernos federal y estatal para desarticular al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), levantado en armas en 1994, y que las personas que la ejecutaron fueron entrenadas por el Ejercito mexicano. Todos los inculpados de estos sucesos fueron liberados por resolución de la suprema corte hace diez años, lo que mantiene en la impunidad esta barbarie y los afectados continúan en la espera de que se les haga justicia.

Un camino que los afectados señalan como parte de una solución integral es que el presidente de la república, en un acto público reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en los sucesos de Acteal, algo que no debiera representar obstáculo para un gobierno democrático, que estuviera preocupado en garantizar justicia a las víctimas y la sanción a los responsables directos e indirectos de esa masacre.

La manifestación de ayer del grupo de Las Abejas de Acteal, en San Cristóbal de Las Casas, es una luz de alerta que significa que los conflictos, pasados y presentes en Chenalhó, se vienen agudizando, a tal grado, que se prevén mayores agravios y enfrentamientos.

Lo delicado de esta situación, es que el gobierno de Rutilio Escandón ignora las consecuencias que puede ocasionar esta violencia, que le puede costar la gubernatura como le sucedió a Ruíz Ferro, y de manera irresponsable la secretaría de gobierno publicita una reunión sostenida con los liberados de Acteal,  y de manera ingenua anuncia que “se lograron acuerdos con las 35 personas, [que se encontraban en plantón en las afueras del palacio] garantizando los derechos humanos de las familias que vivieron el desarraigo de sus comunidades de origen por conflictos sociales”, lo que significa que este gobierno está más preocupado en atender a los responsables del conflicto que a las víctimas.