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Las dificultades del sistema anticorrupción

Editorial
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En este gobierno se ha convertido en un acto de fe combatir a la corrupción. Sin embargo este problema no se resuelve solo por una decisión del gobernante ni tampoco por la simple disposición de la ley, como se pretende combatir en esta administración que se autoproclama de la transformación. Los mecanismos jurídicos son indispensables pero se requiere hacer efectiva la sanción, y en México la secretaría de la contraloría se fundó en los años ochenta y hasta ahorita no ha habido ninguna sanción a un funcionario de primer nivel, y en los casos en que pareciera que sí hubo castigo, se deben fundamentalmente a un ajuste de cuentas o por que cayó de la gracia del que manda. Para reducir la corrupción se requiere implementar la cultura de la legalidad, algo que no existe en los funcionarios del gobierno, pues algunos de ellos no cubren los requisitos para desempeñar el cargo que tienen y eso se considera como un síntoma de corrupción. Por ejemplo Uriel Estrada Martínez, titular de la Auditoría Superior del Estado, no cubre los requisitos señalados por de la Constitución para desempeñar el cargo. Él no posee con la experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, que obliga el artículo 116 de la misma y el Congreso local pasó por alto esta disposición solo porque ese nombramiento había sido predeterminado en la oficina del gobernador. La ilegalidad de ese nombramiento invalida por sí sola cualquier acción que busque combatir la corrupción, porque el nombramiento de una autoridad que integra el sistema anticorrupción está viciado de origen. Pero la fiscalía general del Estado también adolece del mal de la ilegalidad en su funcionamiento. Sobre todo cuando fabrica pruebas para inculpar a inocentes o cuando viola el principio de la presunción de inocencia o peor aún, cuando emprende una campaña de desprestigio en contra de activistas u opositores al gobierno, en donde se genera una persecución judicial, pone en riesgo la vida, promueve el acoso mediático desde el poder, difunde calumnias a través de acusaciones montadas y busca restringir las libertades, como se viene haciendo hoy en día en contra de los miembros del FNLS y burdamente en contra del líder magisterial de la CNTE, a quien sin juicio alguno, se expuso al linchamiento de las redes sociales como culpable del cobro de cheques. El desempeño faccioso de la fiscalía violenta el principio de legalidad, imparcialidad y confiabilidad que se requiere en las funciones de fiscalización, por lo que está anulada por su propio desempeño para participar dentro de un sistema de corrupción, en donde ésta es parte del mal que se pretende combatir. Para males de Chiapas el presidente del tribunal de justicia también está inhabilitado para que el consejo de la judicatura participe dentro de un sistema anticorrupción. En el tribunal de justicia se viola de manera reiterada el derecho de la información, en el que no se hace público el contenido de las sentencias, aún y cuando existe una resolución de la Corte al respecto y ante solicitudes de información de sentencias y liberaciones, sobre todo de la ilegal mesa de reconciliación, contesta irresponsable y estúpidamente que la ley obliga a la protección de los datos personales. Pero el mayor problema de transparencia en Chiapas se encuentra en la ausencia del cumplimiento del artículo 108 de la Constitución, en el que se establece la obligatoriedad de presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. Algo que todavía no realiza ni el gobernador del Estado.