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El fiscal general incurre en el delito de comisión por omisión

Editorial
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El funcionamiento de la fiscalía general del estado adolece de tres principios constitucionales básicos; el de la legalidad, el de la confiabilidad y la imparcialidad.

El video que circula en las redes que muestra cómo se dio el asalto a un trabajador de una gasolinera, que iba con más de un millón de pesos a realizar un depósito bancario, representa una evidencia en contra del personal de la fiscalía ya que se señala que los autores del robo son presuntos elementos de la fiscalía general, quienes iban encabezados por un comandante de la fiscalía de alto impacto.

El asalto tiene una semana que se cometió y a la fecha el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, no ha realizado alguna declaración al respecto, pero de ser cierto que los responsables pertenecen a la fiscalía, el fiscal se encuentra cometiendo el delito de comisión por omisión y debiera ser sometido al procedimiento de sanción correspondiente.

La inseguridad en Chiapas, de acuerdo al video en mención, tiene el sello de que existe complicidad policíaca, en donde la fiscalía se encuentra infiltrada por la delincuencia organizada o peor aún, la fiscalía en sí es la delincuencia organizada. Cualquiera que sea la situación se demuestra el complejo problema del funcionamiento de la fiscalía en el que carece de legalidad, por sus prácticas gansteriles, en el que no hay confiabilidad, debido a que se fabrican pruebas para inculpar inocentes y no hay imparcialidad, ya que en aras de crear una imagen de eficacia, inventan culpables y los presentan confesos.

La situación es grave. Y ni el fiscal ni el gobernador del Estado toman cartas en el asunto. Actúan como si nada hubiera pasado, pero la denuncia es grave: se señala a elementos de la fiscalía de participar en un asalto y las pruebas son un video, que ante la inacción del fiscal general, se hizo publico en las redes sociales.

Aquí no hay excusas, el discurso de cero tolerancia que emplea el fiscal Llaven Abarca, lo obliga a tomar decisiones drásticas. Sin embargo es notorio su comportamiento de protección a los elementos señalados y no quiere separarlos del cargo y someterlos al procedimiento de responsabilidad penal.

Al respecto, la responsabilidad del fiscal general es aún mayor en virtud de que ahora se sabe que el comandante señalado de participar el atraco, ya había sido separado con anterioridad de la dependencia por las denuncias de las mismas prácticas del que ahora se le acusa. Es decir, que Llaven Abarca incorporó a la fiscalía a delincuentes conocidos lo que pone en riesgo la seguridad de las personas y de sus bienes.

Aquí se perciben delitos de impunidad y el de comisión por omisión y determinado el momento el propio fiscal general deberá ser sometido a un procedimiento de sanción.

¡Vaya situación a la que se enfrenta el gobierno de Rutilio Escandón a menos de un año de haber tomado posesión!