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Las ambiciones políticas de los adelantados

Editorial
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El gobierno de Rutilio Escandón tiene un déficit de funcionalidad que se resiste a reconocer. Su principal problema es que no tiene gabinete y entre los funcionarios se desató una competencia y rivalidad que profundiza la ineficiencia, a punto tal, que no fluyen los recursos en las dependencias, aún y cuando la federación ha cumplido en tiempo y forma con la asignación de las partidas a la entidad.

Las disputas en el gabinete se dan entre Javier Jiménez, secretario de hacienda, Ismael Brito secretario de gobierno y Jorge Luis Llaven, fiscal general del Estado, quienes están más preocupados en servirse del cargo que en atender las demandas y problemáticas de la entidad.

A nueve meses de iniciado el gobierno las rivalidades entre miembros del gabinete ponen en evidencia la fragilidad del gobierno y la falta de autoridad en el gobernante, quien en un evento reprendió a sus colaboradores por andar haciendo promoción política en busca de cargos de elección, pero que nadie le ha hecho caso y las disputas continúan a la orden del día.

Entre los más adelantados a los acontecimientos políticos están Ismael Brito Mazariegos, y Jorge Luis Llaven Abarca, ambos se vienen disputando abiertamente el derecho de sucesión del gobernador y en esa campaña dejaron de ser útiles para la gobernabilidad del estado.

Ambos personajes mantienen una campaña mediática en las redes sociales y construyeron una red de paladines que reproducen y comparten sus boletines en las redes sociales, en clara y abierta violación a  la ley electoral, al estar realizando actos anticipados de campaña. El secretario de gobierno se reúne con presidentes municipales y les ofrece la posibilidad de la reelección y cooptó para sus pretensiones a los dos partidos locales, Mover a Chiapas y Chiapas Unido, además de haber cobijado a la peor ralea de los políticos chiapanecos a través de una organización al servicio de Brito Mazariegos.

Mientras tanto el fiscal insiste en promoverse como el garante del orden y el estado de derecho, al difundir un video en el que presume la recuperación de más de cinco mil hectáreas, en donde lo único que demuestra con estos actos su conducta violatoria a la ley y su abuso de poder, en virtud que esos desalojos los efectuó sin la orden judicial correspondiente, lo que lo sitúa al margen de la ley y en su momento terminará siendo enjuiciado, por las múltiples violaciones a derechos humanos que de manera sistemática viene cometiendo.

Un compromiso de la administración de Rutilio Escandón era acabar con esta larga historia de prácticas represivas y pautas culturales autoritarias que mucho daño le han hecho a la convivencia chiapaneca, pero en estos nueve meses de gobierno ha quedado demostrado, que su administración se maneja a través del priista que lleva dentro.

En Chiapas no se está construyendo gobierno y prevalece la inacción política y la impunidad, ambas contienen y expresan un riesgo mayor para la sociedad, pues la violencia se acreciente en esta coyuntura en el que la impunidad en Chiapas es superior a los deseos del gobernante por trascender y hacer bien las cosas.