El retroceso de la justicia en Chiapas

Editorial
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La fiscalía general del estado, en aras de mostrar una eficiencia y tener resultados e la investigación de delitos, mantiene una práctica sistemática de fabricación de pruebas y de invención de culpables y está convertida en una dependencia que viola los derechos humanos de la población.

Aquí en este espacio se ha mencionado el caso del señor Gregorio Coutiño Cruz, quien fue sacado con violencia de su domicilio sin orden de un juez, y fue acusado por la fiscalía de alto impacto de homicidio. En la fabricación de pruebas la fiscalía señaló que fue detenido en flagrancia en un asalto a una gasolinera, situación que fue desvirtuada fácilmente porque los familiares filmaron el momento de la detención. El juez ordenó la liberación e instruyó la investigación por alegada tortura, pero la fiscalía no cumplió ni una ni la otra resolución, ya que de inmediato le armaron un nuevo expediente y lo inculparon de otro delito y el señor Gregorio se encuentra detenido en el Amate por un crimen que no cometió.

Situación similar de fabricación de delito se presenta en la investigación del asesinato de la pareja de investigadores ambientales asesinados en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Se detuvieron a tres personas acusadas de robo con violencia, así fueron vinculadas a proceso, e inexplicablemente en el boletín de la fiscalía aparecieron como los responsables de ese  abominable homicidio y así fueron expuestos en las redes sociales.

Un tercer caso es el homicidio de la bióloga en Palenque, que laboraba en el Parque Ecológico Aluxes, en el que se detuvieron a dos personas quienes con los métodos empleados por la fiscalía confesaron su culpabilidad. Sin embargo las investigaciones no corresponden a la realidad, los presuntos culpables fueron detenidos por la venta del celular de la occisa, pero nunca estuvieron en el lugar del crimen.

El desempeño faccioso de la fiscalía violenta el principio de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, y por los mecanismos de actuación que tiene no puede ser garante de la seguridad de la población en Chiapas. Lo extremo del comportamiento y del discurso del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, es el ofrecimiento de una fiscalía con cero tolerancia, que se maneja como un discurso atractivo, pero que viene reproduciendo condiciones de impunidad, debido a que los verdaderos culpables no son molestados por la fabricación de pruebas.

El gobernador Rutilio Escandón decidió gobernar con la mano de la fiscalía, lo que significa poner el Estado de Chiapas en manos de un violador de derechos humanos, acusado de tortura y especialista en inventar delitos y fabricar culpables.

La actuación de la fiscalía ha llegado al absurdo de fabricar delitos, luego realiza una campaña mediática de linchamiento, en el que se viola el principio de la presunción de inocencia y por último ordena la aprehensión. Esta estrategia es la que busca implementar con la dirigencia magisterial, quienes han sido expuesto al linchamiento mediático como presuntos responsables de un cobro millonario vía cheques de la secretaría de educación.

Chiapas vive un peligroso abandono político y económico y sobre eso la fiscalía viene construyendo un clima de impunidad y de persecución.