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La reproducción de patrones de impunidad

Editorial
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La fiscalía general del Estado le apuesta al olvido de los delitos en el que se encuentra involucrada. El ejemplo más notorio de esta práctica es el asalto que sufrieron trabajadores de una gasolinera en manos de un presunto comandante de la fiscalía de alto impacto.

Sobre este asalto se difundió en las redes sociales un video que se viralizó, pero la fiscalía no ha salido a realizar comentario alguno, a pesar de las críticas e indignación que causó ese suceso. Y no realiza ninguna aclaración o comentario en virtud de que está convencida que las noticias son efímeras, que generan un escándalo momentáneo y luego no pasa nada. A punto tal que el comandante señalado como presunto responsable del asalto continúa laborando como si no hubiera un señalamiento sobre su conducta delictiva.

Este comportamiento de la fiscalía representa una amenaza para la sociedad chiapaneca, sobre todo porque nadie se encuentra a salvo de las arbitrariedades policiales, en el que prevalece la impunidad.

La ausencia de deslinde o aclaración sitúa a la fiscalía en condición de omisa, pero de ser ciertos estos hechos, la situación del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca se hace insostenible, pues quedaría demostrado que la fiscalía no protege a la delincuencia organizada sino que desde adentro de la fiscalía opera la delincuencia organizada.

La paradoja de esta situación, es que el fiscal Llaven Abarca mantiene una campaña mediática en la que se promociona como el funcionario de la cero tolerancia, en la que ese discurso pierde congruencia en el momento en que guarda silencio sobre los delitos en los que participan elementos de la fiscalía.

Lo más grave de las prácticas ilegales de la fiscalía es la fabricación de pruebas para incriminar a inocentes y de manera reiterada viola el principio de presunción de inocencia de los detenidos, todo con el fin de mostrar una cara de buenos resultados y mantener el récord como el funcionario más eficiente del gobierno.

En este sentido, el discurso de la lucha frontal contra la impunidad y el de cero tolerancia que utilizan los funcionarios de la fiscalía en Chiapas no es creíble y termina siendo una burla para las víctimas y los sobrevivientes, así como para los familiares de personas inculpadas de un delito a través de pruebas fabricadas por el ministerio público.

El retroceso de la procuración de justicia en Chiapas no es un asunto menor, por lo que no puede ser desestimada, pues ello implica la reproducción de patrones de impunidad, en el que está definida una estrategia en la fiscalía que conlleva la violación sistemática de los derechos humanos.