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La legalidad si se negocia

Editorial
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En miles de comunidades indígenas existe un deterioro institucional, que muestran que el Estado no funciona o peor aún, no existe. Este problema no es un asunto menor, pues con reincidencia se tienen noticias de actos que violan la ley en estas comunidades, sin que la autoridad implemente mecanismos para evitar la repetición de los delitos.

De esta manera se conocen noticias de secuestro de funcionarios, la aplicación de montos económicos para liberarlos, el secuestro de equipo y maquinaria de constructoras que son obligadas a la realización de obras adicionales al contrato, cierre de carreteras por incumplimientos, la aplicación de la ley en mano propia y violaciones sexuales que se arreglan por acuerdos al interior de la comunidad y que quedan en la impunidad.

De manera equívoca las autoridades de los tres niveles de gobierno justifican estos actos ilegales como parte del uso y costumbre, que prevalece en las comunidades indígenas, situación que solo puede entenderse como una salida de la autoridad para evitar la aplicación de la ley y el cumplimiento de sus responsabilidades.

El instrumento internacional que reconoce las prácticas de los usos y costumbres de las comunidades indígenas es el Convenio 169 de la OIT, pero en ese mismo documento se explicita la validez de los usos y costumbres siempre y cuando estos no impliquen la violación de derechos humanos.  De allí que el incumplimiento de la ley, frente a las prácticas violatorias en las comunidades, es responsabilidad exclusiva de las autoridades y son a éstas a las que se debieran someter a la sanción que corresponde, al mismo tiempo que se debe de dejar de lado el discurso justificatorio de los usos y costumbres.

Es obvio que las negociaciones que se realizan bajo la presión de un secuestro de funcionarios o el de una huelga de hambre, implica que los negociadores se muevan siempre bajo un esquema de la violación de la ley y que regularmente los acuerdos a que se llegan estén fuera del marco legal.

El problema central es que en Chiapas se vienen arrastrando décadas de una práctica de negociaciones y acuerdos ilegales, en el que la política ha fracasado y ésta ha sustituido por los contubernios. Para colmo de males en Chiapas se estableció frente a la protesta la cultura de las minutas, insisto, la mayor parte ellas ilegales, que son muchas veces imposibles de cumplir, lo que coloca al gobierno en una situación peor, pues no tiene palabra, al no cumplir con lo que sus representantes firman y acuerdan.

El caso más reciente de estas prácticas se vivió el fin de semana con el secuestro de una actuaria en una comunidad indígena, en el que se obligó al gobierno a liberar a un detenido en el CERSS 5 de San Cristóbal de Las Casas y aparte se le entregó a la comunidad cien mil pesos, situación que reproduce los patrones de impunidad en estas comunidades, en donde son ellos los que aplican y determinan los criterios de la ley.

Esta negociación se realizó a pesar de los discursos de este gobiernos que manifiesta  que la ley no se negocia y el de cero tolerancia, lo que significa que no hay congruencia entre lo que se dice, con lo que se hace.