La represión a pobladores del municipio de Escuintla

En Chiapas cada vez que se reprime a grupos que mantienen una protesta social se reproduce el falso discurso que la represión es para garantizar el Estado de derecho. Así vemos a funcionarios que justifican la violencia institucional autoproclamándose como defensores del Estado de derecho, cuando ellos son los principales violentadores de la ley y son los que deben ser sancionados por los actos represivos como el reciente en el municipio de Escuintla.

El Estado de derecho es un principio que señala que nadie puede estar por encima de la ley. Pero este mismo principio proclama que todos los actos de la autoridad deben estar regulados por la ley, algo que realmente resulta insostenible en la entidad.

En este sentido bien vale la pena preguntarse si los actos del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, del secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos y del fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca están apegados en la ley y la respuesta es no. Todos estos funcionarios han tomado decisiones ilegales, lo que demuestra el poco apego a la legalidad que existe en la entidad y en sentido estricto debieran de ser sometidos a juicio político.

Ejemplos de esta actuación en la ilegalidad son muchos; basta señalar que el tribunal de justicia en el Estado funciona al margen de la ley, en virtud de que la Constitución local indica que debe estar integrado por tres magistrados constitucionales y funciona con cinco magistrados. De igual manera subsisten las violaciones a derechos con el funcionamiento de la inconstitucional mesa de reconciliación, que de manera ilegal viene liberando a presos sentenciados, entre ellos a homicidas, secuestradores, violadores, feminicidas, etc., etc.. Todo ello en franca responsabilidad del gobernador del Estado, quien de esta manera está imposibilitado de hablar a favor de la defensa del Estado de derecho en Chiapas.

Igual situación presenta Ismael Brito, quien de manera recurrente viola ley e inclusive tribunales federales le han enmendado la plana, como fue en el caso de la desaparición de poderes del ayuntamiento de Arriaga, en el que el TRIFE resolvió que fue ilegal y ordenó la reinstalación del mismo.  Lo mismo sucede con el fiscal Llaven Abarca, a quien de manera recurrente se le señala como un funcionario afecto a las prácticas de tortura y en la fabricación de pruebas para incriminar a inocentes. 

Frente a estos hechos inobjetables de violaciones a la ley en las que recurren los principales funcionarios del gobierno del Estado resulta risible que se utilice el falso discurso del Estado de derecho para legitimar el abuso de poder, la violación a derechos humanos y la represión policíaca en contra de un grupo de ciudadanos que se manifiestan en contra de los malos actos de un gobierno.

La protesta de los habitantes de Escuintla tenía varios días sin que las autoridades del gobierno atendieran sus peticiones. Se sabía con anticipación que los pobladores habían acordado cerrar la carretera para hacerse oír por un gobierno que padece de sordera y ni así se realizaron las acciones conducentes para resolver el problema. Ahora se habla de una investigación para sancionar a los responsables de los sucesos que produjo el incendio del palacio municipal de Escuintla, cuando sobre la base de los hechos, el principal responsable de toda esa violencia por actos de omisión, Ismael Brito Mazariegos, no va a ser sancionado.

En Chiapas la ley se aplica selectivamente, por eso resulta una burla y una ofensa que funcionarios de la entidad hablen de un Estado de derecho, cuando este simplemente no existe.