En los últimos días, en diferentes puntos de la ciudad de Tuxtla, la policía estatal como la policía y tránsito municipal, están implementando retenes en la que se revisan papeles de los vehículos. Esto, bajo cualquier circunstancia o motivo, es ilegal y deja evidencia, que los cuerpos policiales continúan incurriendo en desmanes y violaciones a la ley, en las que se configuran delitos.
Estos operativos, recurrentes en todo el Estado, son inconstitucionales y violatorios a los derechos humanos y los mandos policíacos que participan en ellos incurren en ilícitos, al promover actos que violan la ley y de presentar la queja, pueden ser sancionados por ese hecho.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, es muy clara al respecto:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
Los ciudadanos no tienen por qué detenerse en los retenes ni tienen por qué permitir el registro del vehículo ni mostrar la documentación de los mismos. Las policías del país conocen perfectamente los términos del artículo 16 de la Constitución y de que incurren en ilícitos, pero realizan los retenes porque saben que ese es un buen procedimiento de corrupción y beneficio económico y porque se aprovechan de la ignorancia de la población, en la que en muchas ocasiones se terminan bajando de su vehículo y con ello consienten el acto ilegal del registro.
Las infracciones que se levantan en los retenes, por falta de documentos o por adeudos en el pago de la tenencia son ilegales y por lo tanto se puede solicitar la nulidad del acto administrativo en el Tribunal Fiscal, en virtud de que la autoridad aplicó una multa contraviniendo la ley. Pero la ausencia de una tenencia actualizada por falta de pagos, tampoco representa delito o falta administrativa, en virtud de que en el 2016 se suspendió el pago de la tenencia en Chiapas y los automovilistas morosos pueden ampararse bajo el criterio de que la retroactividad de la ley no es aplicable salvo en los casos que te beneficia. Y Este principio se puede argumentar en un reclamo para dejar sin efecto las deudas de años anteriores.
En Tuxtla hay policías que realizan su modus vivendi implementando retenes y extorsionando con ello a los automovilistas. Es recurrente la presencia de ellos en la Calzada Ángel Albino Corzo a la altura de las instalaciones de la Escuela de Artes de la UNICACH; también sobre la lateral del libramiento norte poniente pasando por la Calzada del Sumidero; otro se ubica en la calzada al antiguo aeropuerto de Terán, antes de llegar al fraccionamiento Real del Bosque. Suele haber patrullas en el libramiento Norte Oriente a la salida de la Central de Abasto, donde suelen esperar a las camionetas cargadas de productos para extorsionarlos.
Pero más grave aún, es que existen retenes fijos como el de la entrada de Tuxtla, en la Pochota, en la que han existido con frecuencia accidentes mortales, o como el retén establecido en la carretera a Suchiapa, en la entrada a la Colonia El Jobo.
Los retenes no son para brindar seguridad pública a la población ni para evitar ilícitos o detener delincuentes, sino que se realizan fundamentalmente como mecanismo de extorsión y de abuso de autoridad y la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe de dejar de ser omisa, y debiera de intervenir para garantizar la libre circulación y garantizar el respeto a los derechos humanos de la población consagrados en la constitución.
