La inseguridad crece

Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura para encontrar chivos expiatorios y con ello encubrir a los verdaderos culpables de los delitos.

No es fortuito que en la  nueva administración se presuma como importante logro, que  delitos graves sucedidos fueron resueltos con rapidez y los presuntos los responsables se encuentran en prisión. Pero después de confirmar cómo la fiscalía siembra pruebas para culpabilizar a personas inocentes, queda la duda de la efectividad de los operativos y entra la sospecha sobre cuántos de los detenidos son en realidad presuntos culpables.

Hay antecedentes sobre muchas de estas acciones fantasiosas orquestadas por el personal de la fiscalía se revierten en los amparos ante los tribunales federales, en donde los jueces federales suelen ordenar la liberación de los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles.

En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso del gobernante. La postura de aplicación de la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a las condiciones de impunidad que imperan, donde el castigo significa de igual forma acabar con los privilegios de la clase política y eso no está en el guión que utilizan los funcionarios del gobierno por lo que nunca se va a dar.

En la población se empieza a señalar que la delincuencia desbordó a las instituciones y cada vez se hace más complicado garantizar condiciones mínimas de seguridad. Los homicidios violentos se han incrementado, el secuestro con homicidio se hizo presente, los feminicidios llevan un ritmo de uno cada nueve días, los asaltos bancarios que eran parte del pasado, resurgieron en esta administración y ya no se diga asalto a cuentahabientes en la que no se sabe cómo los delincuentes saben quien retira fuertes cantidades de dinero de los bancos, los asaltos a transeúntes y negocios están a la orden del día, los asesinatos a luchadores sociales vuelven a surgir como en los viejos tiempos y la vigilancia e intervención telefónica a los periodistas y activistas sociales se convirtió en algo cotidiano en el que la autoridad viola reincidentemente la privacidad. Todo ello en la impunidad total.

Desafortunadamente en Chiapas la impunidad es muy superior a la eficacia, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno se sanciona. Con estas estadísticas la preocupación central debiera ser la de mejorar todo el sistema de procuración e impartición de justicia, en el que los jueces tengan certeza laboral, en donde se establezca el procedimiento del concurso de oposición, en donde los jueces y magistrados tengan méritos jurídicos y no las recomendaciones, en el que el tribunal de justicia funciones de acuerdo a como lo establece la constitución local, con tres magistrado y no con cinco como viene funcionando,  en el que la fiscalía erradique las prácticas de tortura, en el que los ministerios públicos y las policías se profesionalicen, que la delincuencia organizada deje de operar desde el interior de la fiscalía y la secretaría de seguridad y en el que amabas instituciones, el tribunal de justicia y la fiscalía general, actúen como órganos autónomos y no como dependencias del ejecutivo.

De igual manera, la ausencia de autoridad, y por ende de gobierno, ha mellado considerablemente el orden público y ha generado una degradación del Estado en Chiapas. Aquí es importante aclarar, que el desorden social que se vive en la entidad no es un asunto reciente, pero con la administración de Rutilio Escandón se  acentuó, a punto tal, que se desconoce si los delitos los comete la delincuencia o personal que labora en la fiscalía y los cuerpos policíacos de la entidad o si todo se realiza en total connivencia.