Contraproducente el retorno de desplazados a Chenalhó

La secretaría de gobierno difunde como una acción exitosa del trabajo político realizado, el retorno a Chenalhó de 13 familias desplazadas del grupo del Ejido Puebla, que abandonaron su lugar de origen por problemas políticos en mayo del 2016.

En el boletín oficial el gobierno expresa que la finalidad de este retorno es: “Reivindicar a los pueblos indígenas y darles una paz justa y digna […], por ello el gobierno democrático encabezado por Rutilio Escandón Cadenas ha adquirido este compromiso político y moral para garantizar los derechos humanos de las y los habitantes”. El comentario no podía ser más desafortunado porque ese retorno no se da en el marco de una paz justa y digna y mucho menos garantiza los derechos humanos de los habitantes.

El primer problema que representa este retorno es que no se da sobre condiciones de un retorno seguro, en virtud de que las causas que provocaron el desplazamiento permanecen intactas, sobre todo, porque no se ha realizado ninguna labor para el desarme de los grupos paramilitares, quienes finalmente fueron los que decidieron los términos del retorno y éste se realizó bajo un acto en el que las víctimas pidieron perdón a la comunidad y se les obligó a pagar una multa de 15 mil pesos por familia, multa que fue pagada por el propio gobierno.

Esto significa que el patrón de impunidad que prevalece en  Chenalhó se reproduce en las víctimas de desplazamiento, en el que se les niega el derecho a la reparación integral del daño y el Estado incumple en el establecimiento de medidas preventivas de no repetición de nuevos desplazamientos a lo que lo obliga la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo grave de esta situación, es que todos los actos de violencia que implicaron daños a nivel comunitario, familiar e individual y que afectan aspectos en las relaciones económicas, sociales, de género, culturales y de salud, quedan impunes, aún y cuando esta violencia produjo muertos y heridos.

A todos los desplazados se les genera un sentimiento de incertidumbre hacia el futuro y son afectados en el proyecto de vida, pues de una manera vertiginosa les fueron modificadas las condiciones materiales de vida, y los lazos culturales, sociales e individuales que las personas afectadas mantienen con el territorio.

En todo este operativo montado por la secretaría de gobierno lo se observa es la prevalencia de un trabajo para dividir el grupo de desplazados y fracturar el proceso de organización de este grupo. En este sentido, lo que no percibe el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, es que ese retorno lo pone a él en una situación de vulnerabilidad, en el momento en que queda como el funcionario directamente responsable, si se llegar a presentar cualquier acto de violencia sobre este grupo de retornados.

Lo predecible es que la violencia se va a volver a presentar, debido a que permanecen las mismas condiciones que generan desplazamientos forzados en Chenalhó y porque toda la relación que ha establecido el gobierno con el grupo de desplazados ha sido sobre la desconfianza, el engaño y el doble discurso.