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Brito el futuro gobernador

Editorial
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El secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, viene tomando decisiones no con el fin de construir gobernabilidad sino como si fuera ya un candidato a la gubernatura de Chiapas. En este sentido, los acuerdos que toma con los distintos grupos políticos, en su calidad de secretario de gobierno, no tienen la intención de privilegiar el interés social ni el de atender en el marco de la pluralidad a la ciudadanía sino que mantiene un sesgo clientelar, en el que privan sus intereses personales sobre los públicos.

Sus ambiciones políticas hacen que haya una inoperancia en la secretaría de gobierno y provoca que todas las buenas intenciones que pueda tener el gobernador se diluyan, al no haber quien concrete y le de sentido a las acciones en el marco institucional, lo que viene generando una ausencia de gobierno en Chiapas.

Los tiempos políticos se adelantaron aún y cuando no hay en puerta ningún proceso electoral pero el secretario de gobierno ya está ofreciendo la reelección de diputados locales y presidentes municipales,  a su vez, con el control que tiene sobre el auditor superior, también ofrece inmunidad a presidentes que se sumen a su proyecto y lo mismo hizo con expresidentes que tienen problemas con la cuenta pública, que de la noche a la mañana se convirtieron en promotores de Ismael Brito.

Con esta acción el secretario de gobierno pervirtió los fines del órgano de fiscalización y lo puso a su disposición, a punto tal que la Auditoría Superior del Estado en un brazo ejecutor de sus ambiciones personales, pero al mismo tiempo representa una amenaza para los ediles que no se le subordinen.

En ese ímpetu por acomodar las cosas a su favor, Brito Mazariegos incurre en muchas ilegalidades y compromete la seguridad y el orden público, como lo ha venido haciendo en las mesas de negociación con municipios indígenas en donde se realiza reuniones con los grupos en pugna pero no se toman decisiones para resolver el fondo de los problemas. Asílo ha hecho con el conflicto de Aldama con Chenalhó, con la disputa por el control municipal en San Juan Chamula, con el problema de la escuela normal Jacinto Canek en Zinacantán y recientemente lo hizo con un grupo de desplazados de del Ejido Puebla quienes fueron retornados sin que haya condiciones para la paz y la no violencia en ese municipio debido a la presencia de dos grupos distintos de paramilitares.

Sobre los desplazados de Chenalhó, en sus afanes protagónicos de publicitar sus dotes de negociador, el secretario de gobierno se comprometió con el grupo paramilitar del Ejido Puebla de liberar a Javier Gómez Gutiérrez, quien está sentenciado por el homicidio de don Guadalupe Cruz Hernández, cuyos familiares son parte del grupo de desplazados del Ejido Puebla, y quienes mantienen la postura de justicia, reparación integral del daño, medidas de no repetición y un retorno con dignidad,  condiciones que en el caso de que se da una liberación convertiría en irresoluble el problema.

¿Pero por qué el secretario de gobierno se deja engañar con el canto de las sirenas? Por su desconocimiento de la historia y de la situación social en Chenalhó. A Brito Mazariegos le está vendiendo el presidente municipal de Chenalhó, cabeza importante del grupo paramilitar del Ejido puebla, que con la liberación del preso la comunidad acepta el retorno de todos los desplazados, eso lo pondría en los medios y se publicitaría como un político que negocia y concerta, nada más que solo tiene la visión de los paramilitares y no la de los desplazados,  que no sólo objetan la posible liberación del sentenciado sino que exigen justicia y piden que se ejecuten más órdenes de aprehensión de miembros del grupo paramilitar.

Las acciones ilegales de funcionarios, como la de acordar la liberación de un preso sentenciado, no es un buen síntoma para Chiapas, lo lamentable es que esa es la práctica que caracteriza a los funcionarios de esta administración.