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Violencia institucional en la administración de Rutilio Escandón

Editorial
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De manera sistemática la administración de Rutilio Escandón ha venido utilizando a los cuerpos policiales para desalojar y enfrentar a los grupos de pobladores que protestan. En el discurso ficción de los funcionarios estas medidas son para imponer el Estado de derecho, cuando en realidad lo que hacen es utilizar la violencia institucional en contra de la protesta social, situación que sólo provoca mayor violencia.

En las acciones de protesta la población termina siendo afectada por el cierre de carreteras, la toma de casetas, el cierre de calles, toma de edificios e incluso retención de funcionarios. Todas estas acciones han generado un hartazgo en las personas, que se traduce en una exigencia a la aplicación del Estado de derecho y que algunos grupos, sobre todo empresariales, aplaudan las medidas emprendidas por el gobierno por el uso de la fuerza para disuadir la protesta social.

Con ello se cierra la posibilidad del diálogo y la búsqueda de acuerdos a través de la vía política, que representa un instrumento indispensable para la construcción de la gobernabilidad democrática, y lo más grave aún, se encubre la ineficacia y las irresponsabilidades de un conjunto de autoridades, que se desentienden de los problemas y exigencias de la población, tal y como viene sucediendo en Chiapas.

¿Por qué hay tantas protestas sociales en Chiapas y por qué muchas de estas protestas vienen acompañadas de la violencia? En realidad no hay una única respuesta para estas interrogantes, en virtud de que en la entidad son muchas décadas de incumplimiento en la satisfacción de derechos sociales, económicos y políticos. Durante muchos años el gobierno instituyó una cultura de la dádiva en lugar de mejorar las condiciones sociales de la población, a quienes se les confinó a vivir de las ayudas sociales. Son miles de millones de pesos destinados en las últimas décadas para programas sociales, aparentemente invertidos en Chiapas, que fueron derrochados mientras la pobreza y la desigualdad social en la población crecía.

En las comunidades chiapanecas existen cientos de miles de jóvenes a quienes se les ha robado el futuro, que no tienen formas de emplearse ni posibilidades de dotación de tierras  en sus comunidades, que han crecido con un resentimiento social y a quienes se les impuso como opción el camino de la migración.

En Chiapas ha existido un despilfarro presupuestal sin que haya habido responsables y sin que se haya sancionado a algún funcionario. Y ahora, están tomando decisiones un conjunto de funcionarios que no han demostrado que tengan competencias ni conocimiento y mucho menos sensibilidad. La caquistocracia es el gobierno de los peores y esos son los que están pretendiendo gobernar en Chiapas. Por eso no se puede dejar de señalar que la peor corrupción de la administración de Rutilio Escandón es la de haber nombrado a funcionarios sin competencias políticas ni académicas, que no han sido capaces de implementar proyectos de gobierno.

El fallecimiento del policía de la Guardia Nacional en Bochil nos debe obligar a realizar una reflexión en sentido contrario a como lo hace la fiscalía, que está encabezada por un facineroso, violador de derechos humanos. La fiscalía anuncia que se van a investigar los hechos y que se van a castigar a los culpables. Eso en la lógica policíaca es lo que podría esperarse, pero en la lógica de los derechos humanos la investigación implica determinar las causas que orilló a la protesta, conocer la verdad, sancionar a los responsables y tomar medidas de no repetición de este tipo de protesta.

La fiscalía en su lógica de facineroso va en contra de los supuestos agresores a la policía, pero omite investigar a los funcionarios que no resolvieron las demandas de la población, que exige la instalación de una planta tratadora de agua, por la contaminación de aguas negras del río, ocasionadas por viviendas que otro funcionario irresponsable violador de derechos humanos y ambientales autorizó se construyeran. Pero a la vez se debe investigar qué funcionario solicitó y autorizó la intervención policíaca y con qué motivos, en virtud de que los delitos se cometen por acción y omisión, y en el caso particular del policía de la Guardia Nacional caído existen responsabilidades de ambas circunstancias, que por supuesto la fiscalía se va a negar investigar.