Diez meses de gobierno

No es cierto que haya una confabulación en contra de la administración de Rutilio Escandón con la intención de desestabilizar la entidad. Lo que sí hay, pero el gobernante no lo quiere ver, es una inacción del gobierno, una ineficaz  inversión pública y un adelanto de los tiempos políticos del secretario de gobierno y del fiscal general, que realizan por doquier actos anticipados de campaña, pues se imaginan como sucesores del gobernador.

Es obvio que el deseo generalizado es que los conflictos que se viven en Chiapas se resolvieran en lugar de agudizarse.  Pero para ello se requiere fundamentalmente de oficio político, de conocimiento de las situaciones y de un trabajo diario de 24 horas de atención real de los problemas y no de simulaciones por parte de los funcionarios, que desafortunadamente eso es lo que vienen haciendo.

Es cierto de que hay demandas de los grupos que no fueron atendidas por el anterior gobierno y resulta  inconcebible que no se atiendan y resuelvan con el actual gobierno; como es el caso de la falta soluciones a la población de desplazados que se han visto obligados a movilizarse en la Ciudad de México y realizar distintos plantones afuera del palacio de gobierno.

Hay problemas como el de la presencia de grupos paramilitares donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, y estos grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios.  Pero la administración de Rutilio Escandón carga con la presión de dos medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los desplazados de Chenalhó y de los desplazados de Chalchihuitán y dos recomendaciones de la CNDH, en donde le concedieron seis meses para que se desarmen los grupos paramilitares y elabore un programa de pacificación en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán. Tiempo que ya concluyó, sin que haya realizado esfuerzo alguno con el compromiso de la verdad, justicia y reparación a los agravios reiterados, de desplazamientos, desapariciones, asesinatos, persecuciones y encarcelamientos que por décadas se han vivido en las comunidades indígenas de estos municipios.  

La mayor dificultad del pasado que la administración de Rutilio Escandón no logra superar, es el relajamiento de la autoridad que se institucionalizó en los anteriores gobiernos, en el que se creó en el imaginario de la población que el Estado no funciona en la entidad y esto se refleja en los índices de impunidad que tiene Chiapas que es del 99%.

Este escenario de debilidad de las instituciones es el que se debía de borrar de un plumazo , pero que desafortunadamente permanece en la gestión de Rutilio Escandón, que en los diez meses que lleva la administración los problemas sin atender continúan y la inseguridad se disparó a niveles peligrosos, que ha mostrado la deficiente capacidad de respuesta que hay.

El discurso de la confabulación es una distracción creada desde el palacio de gobierno, con el fin de ocultar su propia ineficacia e inventar enemigos para así justificar los ataques mediáticos hacia otros actores de la entidad con la colaboración de una prensa que desde siempre actúa como mercenario.

En este mismo espacio se han señalado el estallido de posibles conflictos y se ha hecho caso omiso de esos comentarios. De igual manera, recientemente, un destacado miembro de la Iglesia católica le expuso al secretario de gobierno un diagnóstico detallado de la situación política de los pueblos indígenas de los Altos, en donde se informaba sobre Bochil,  Ixtapa y  El Bosque, informe que fue menospreciado por Ismael Brito Mazariegos, de allí la falsedad del discurso de una confabulación para que la vaya mal a Chiapas.

La gobernabilidad en Chiapas está prendida con alfileres y no se observan visos que la situación mejore, simple y sencillamente porque no existe una agenda política del gobierno y porque no existen programas y proyectos de inversión, fuera de los anunciados por el gobierno federal.