La impunidad en Chiapas

Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura para encontrar chivos expiatorios y con ello encubrir a los verdaderos culpables de los delitos.

No es fortuito que en la  nueva administración se presuma como importante logro, que los delitos graves sucedidos en la entidad, los responsables se encuentran en prisión. Al respecto, el récord de esta administración es sorprendente, pero poco creíble: en menos de 72 horas la policía suele detener a los presuntos culpables, con una rapidez que todo se vuelve sospechoso por la práctica de alteración de pruebas y de invención de culpables.

Lo grave es que muchas de estas acciones fantasiosas orquestadas por el personal de la fiscalía se revierten en los amparos ante los tribunales federales, en donde los jueces federales suelen ordenar la liberación de muchos de los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles, sin que al interior de esa dependencia se inicien procesos de sanción en contra de los funcionarios que mantienen esas prácticas ilegales. 

En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso de combate a la corrupción y contra la impunidad del gobernante. La postura de aplicación de la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a que la ley aplica también en contra de los funcionarios y eso se omite en la entidad, lo que implica que no hay intención en las decisiones del gobernador de acabar con los privilegios de los funcionarios y la clase política, que suelen manejarse en la ilegalidad, aún y cuando ahora el exgobernador Patrocinio González celebra la aplicación de la ley que hay en Chiapas convirtiéndose en un triste soflamero de este gobierno incapaz de aplicar la ley sobre sí mismo. 

Por el número de homicidios con violencia y de feminicidios en la entidad y por la violencia generalizada en más de 20 municipios, lo deseable es que se constituyera lo más rápido posible un Estado de derecho y, con ello, se genere la división de poderes, algo que en la realidad no existe porque el poder judicial en los hechos es una extensión del ejecutivo. Esto significa una imposibilidad en la imparcialidad en la  justicia y la posibilidad del castigo a los políticos, pues ello es determinado por la voluntad del gobernador, que como estamos viendo no tiene la intención de procesar a quienes incurrieron en faltas graves en el manejo del presupuesto y en enriquecimiento ilícito. De allí que el discurso de la impunidad solo sea una ficción

La impunidad en Chiapas es hoy día una amenaza social a la tranquilidad y al orden. Desafortunadamente eso no lo entienden los actuales funcionarios en Chiapas, que caminan sin tocar el piso, y que se resisten a observar que la impunidad es muy superior a la eficacia, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno se sanciona. Con estas estadísticas lo que se debiera de provocar es la mejora de todo el sistema de impartición y procuración de justicia, pues en la entidad la delincuencia está ganando la batalla ante la complacencia e ineficacia de la fiscalía y el poder judicial, que funciona en la ilegalidad, cuyos titulares debieran de ser investigados por las omisiones en las que incurren y por las sospechas populares de vínculos con la delincuencia organizada.