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No se atiende la violencia

Editorial
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La violencia reciente en los municipios de Amatán, Aldama, Chenalhó, Pijijiapan, Oxchuc, Bochil, San Juan Chamula y Las Margaritas, muestran la debilidad del Estado democrático de derecho que hay en Chiapas.

En la entidad no existe una cultura de la legalidad y los funcionarios de la actual administración se esfuerzan con vehemencia en violar el principio de la presunción de inocencia y promueven el linchamiento en las redes sociales y en los medios de comunicación cualquier detención de presuntos responsables que realizan.

La ausencia de una cultura de la legalidad y el nulo interés de promover una política de cultura de paz y no violencia por parte del Estado, es lo que viene provocando los estallidos de malestar en la población, que se convierten en atropellos y violación a derechos humanos tolerados por las autoridades.

Bochil es un caso abierto que implicó el homicidio de un policía de la Guardia Nacional, sin que hasta este momento haya un solo funcionario público sancionado y la fiscalía ya detuvo a media docena de pobladores como presuntos responsables de ese delito. Aquí en Chiapas se habla insistentemente de la aplicación del Estado de derecho pero se omite que los funcionarios deben apegar su actuación a la legalidad y en el caso de Bochil como en todos los casos de violencia en los municipios, la autoridad no aplica la ley sobre sí mismo, lo que mantiene un estado de ilegalidad, de impunidad y de omisión, lo que causa mayores agravios a la sociedad.

En una entidad con tantos conflictos y de violencia generalizada, los funcionarios de la secretaría de gobierno, de la fiscalía y de seguridad pública debieran de estar capacitados en mediación y solución de conflictos, algo de lo que ignoran y por supuesto no se pone en práctica, lo que genera que nadie intervenga para evitar o prever que la violencia estalle como ha sucedido en los distintos municipios.

En este espacio en reiteradas ocasiones se ha señalado que no hay gobierno en Chiapas. Ahora, con los recientes acontecimientos, cada vez queda más claro que lo que no hay es Estado en la entidad, situación que es más grave todavía, porque eso significa que todo se va a resolver a través de las fuerzas de seguridad, lo que va a incrementar la violencia, las detenciones ilegales, las desapariciones, las ejecuciones y este gobierno, que presume haber llegado con el respaldo popular a través de unas elecciones democráticas, puede pasar a la historia como el más represor de la historia de Chiapas.

El gobernador Rutilio Escandón, que pretende ser cuidadoso de su imagen política, no ha previsto que en este escenario de violencia está incurriendo en delitos de omisión y con la reiterada intervención de las policías puede ser hasta de acción.

Los sucesos de ayer en Las Margaritas, en donde se observa al presidente municipal  amarrado y arrastrado a una camioneta, ya se convirtió en nota nacional, y son una imagen que muestran los problema de gobernabilidad que hay en la entidad, lo que debiera de preocupar a las autoridades, que están convencidos que lo están haciendo muy bien y que Chiapas se gobierna con boletines.

La violencia en varios municipios se va a incrementar, simple y sencillamente porque se viene aplicando una política de austeridad, que raya en la irresponsabilidad, debido a que demandas sentidas de la población no se vienen atendiendo por ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno.