Una burla al Estado de derecho

Con la reforma del artículo 1º de la Constitución, del 10 de Junio del 2011, los derechos humanos se convirtieron en el principal derecho a proteger en la Constitución. Esto viene al caso, porque en Chiapas este principio no se viene cumpliendo; aquí el principal derecho que se protege es el de la propiedad privada y con ello se aplica un derecho que viene violando múltiples derechos humanos.

La principal campaña de legitimación de esta administración es la del desalojo de más de siete mil hectáreas que se encontraban invadidas. Esta acción se promueve como el restablecimiento del Estado de derecho, y personajes como Patrocinio González la ponderan como “una imagen de apego al orden jurídico”. Algo que dista mucho de la realidad social que se vive en el Estado.

La gran mayoría de esos desalojos realizados son producto del abuso de autoridad por parte de la fiscalía, pues carecen de un mandato judicial. En esos desalojos hay personas que están vinculados a proceso mediante una acción ilegal, lo que significa una violación al debido proceso y finalmente tendrán que ser liberados, por una mala actuación de la fiscalía. Por eso sorprende el señalamiento de apego al orden jurídico o el restablecimiento del Estado de derecho, debido a que en estos desalojos el principal violador de la ley es el propio gobierno, que está obligado a cumplir y a hacer cumplir la ley y no lo viene haciendo.

En los desalojos de predios urbanos, en los que estaban construidos viviendas, la fiscalía violó derechos humanos contemplados en la Constitución y protegidos por el derecho internacional como son el derecho a la vivienda digna, el derecho a la integridad personal, a la seguridad personal, el derecho al desarrollo y el de la protección al interés superior de los niños, debido a que esos desalojos, sin orden del juez, sometieron a pobladores, entre ellos a niñas, niños y adolescentes a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Es obvio que en Chiapas, en donde la renta de la tierra es la principal fuente de riqueza, se genere un amplio respaldo a las medidas emprendidas por la autoridad y poca importancia tiene si estas acciones se realizaron en el marco de la legalidad, pero el Estado está obligado a cumplir la ley y a apegar todas sus acciones dentro del marco jurídico, lo que significa que estos desalojos resultan ilegales y violadores a múltiples derechos humanos.

Sin embargo, la gran paradoja de la actual administración es que se pronuncia como un gobierno de izquierda y hasta ahora su principal y única acción es la de proteger la propiedad privada y con ello se violentan otros derechos que la Constitución ampara a la población. Con los desalojos de las siete mil hectáreas se restituyó la propiedad a los verdaderos propietarios, pero ¿qué acciones emprendió la autoridad para garantizar la reproducción de la vida y los derechos sociales y económicos de la población desalojada? O nunca se dio cuenta que condenó a esta población a la miseria.

El acto de abuso de autoridad resulta evidente, como evidente es la irresponsabilidad institucional al emprender desalojos que sin duda violan múltiples derechos humanos.