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Complicidad y encubrimiento en Simojovel

Editorial
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Después de los acontecimientos violentos de Bochil, San Juan Chamula, Las Margaritas y Simojovel, lo deseable es que la administración de Rutilio Escandón presentara un programa de pacificación y de construcción de acuerdos para la mejora de la gobernabilidad democrática, pero eso no sucede debido a la falta de ideas y de conocimientos en los funcionarios públicos, que no dimensionan la responsabilidad que tienen en cada uno de esos lamentables sucesos. La respuesta gubernamental sigue estando de parte de la fiscalía, que se circunscribe a la integración de la carpeta de investigación y a la falsa promesa de que los hechos delictuosos no quedarán impunes.

La inacción política continúa estimulando a las reacciones violentas de la población, que en lugar de disminuir se prevé que se incrementen, por la falta de respuestas y de atención. La secretaría de gobierno no ha identificado los más de quinientos puntos de conflictividad en el Estado y carece de un mapa de actores. Y sobre los casos de los conflictos del que tiene conocimiento, es porque ya estallaron y no se implementa una estrategia de solución, pues sólo se dedica a la administración de los problemas.

Por eso no es gratuito que el mal de la violencia recorra gran parte de los municipios, debido a la falta de interés gubernamental para la construcción de soluciones. Todo esto se denota a partir de la ausencia de capacitación entre los funcionarios de la secretaría de gobierno y de la fiscalía general, sobre mecanismos de mediación y de solución de conflictos, algo básico que se debiera tener en la administración gubernamental, en el que prevalece la confusión y la falta de ideas.

El mayor error en esta administración es la reproducción de mecanismos de complicidad entre funcionarios estatales y municipales, donde algunos participan en la definición de obras y contratación de empresas constructoras y otros sólo se conforman en recibir prebendas de las presidencias municipales. Pero lo que sí es un hecho, es que todos los delegados de gobierno actúan en contubernio con las autoridades municipales, de allí que los problemas no tengan solución y la población tenga que llegar a actos de violencia en la búsqueda de soluciones.

Pero la fiscalía general también actúa privilegiando el ejercicio del poder de las propias autoridades, sobre todo porque siempre busca encontrar a los culpables entre la población afectada y jamás hace señalamientos sobre los actos de omisión de los funcionarios, como si la omisión no fuera un delito en sí mismo.

Ejemplo de lo anterior se vive actualmente con las personas heridas del conflicto de Simojovel, que se encuentran hospitalizadas en Tuxtla Gutiérrez, en donde la fiscalía las viene criminalizando, junto con sus familiares, cuando ellos en realidad son los afectados. Con ello la fiscalía busca eximir de responsabilidad a la presidenta municipal y al síndico del ayuntamiento –que son matrimonio aunque hayan simulado un divorcio-, quienes deben de explicar sobre la existencia del grupo armado que tienen contratado para su seguridad personal y que fueron los que dispararon en contra de la población.

Aquí la fiscalía está actuando omisa en virtud de que las armas con que se hicieron los disparos pertenecen a un grupo armado al servicio del síndico municipal, que utiliza de manera sistemática a estos sicarios para reprimir la protesta social. No es la primera vez que este grupo ha sido denunciado por los habitantes de Simojovel y la secretaría de gobierno y la fiscalía general conocen de estos antecedentes y continúan encubriendo el funcionamiento de estas prácticas y con ello se evidencia la protección que existe hacia el síndico municipal.