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Violencia y complicidades en Chiapas

Editorial
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El tráfico de armas en Chiapas es una realidad que viene ocasionando que muchos protestas sociales terminen en enfrentamientos armados, sin que a la fecha la fiscalía tanto del Estado como el de la república inicien una carpeta de investigación sobre la procedencia de las mismas.

Es un secreto a voces que en San Cristóbal de Las Casas se venden todo tipo de armas y municiones sin que ninguna autoridad intervenga para poner un alto a este tráfico, aún y cuando existen múltiples retenes policíacos y militares. Por ello no es gratuito que las organizaciones en las comunidades indígenas se encuentren fuertemente armadas y que existan grupos paramilitares, lo que genera un riesgo  permanente de estallidos de violencia  con pérdidas de vida humana.

En esta administración, que se suponía era de orígenes distintos, se continúa con la política de tolerancia, indiferencia, complicidad, valores entendidos y permisibilidad a los grupos armados en la entidad; signo inequívoco que indican los graves  problemas de  gobernabilidad que se viven en el Estado, originado, fundamentalmente, por el desconocimiento que tienen los funcionarios públicos de la realidad chiapaneca. Muestra de esto se percibe es el excesivo operativo policíaco que se montó desde el palacio de gobierno para acompañar y restituir al presidente municipal de San Juan Chamula, quien fuera destituido en una asamblea comunitaria y que presenta graves problemas de legitimidad y donde se evidencia una confusa negociación de la secretaría de gobierno con el grupo opositor del presidente para restablecer el orden, en el que se requirió un fuerte operativo militar para ocupar el edificio de la presidencia municipal.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que no existe gabinete ni plan de gobierno ni agenda política en la entidad. No hay una fuerte inversión pública en obras, no existe un programa de reactivación de la economía y de la producción agrícola y ni siquiera hay un plan estratégico de seguridad ni indicadores ni metas que nos puedan orientar en qué consiste la transformación que vienen realizando.

Pese a esto, el gobernador tiene reuniones quincenales de evaluación con sus colaboradores, en donde se escucha la voz de la complacencia del gobierno, en donde el propio gobernador suele afirmar de que vamos bien, pese a que los resultados y el sentir popular lo desdicen. Esas reuniones no están sirviendo de ayuda para mejorar las condiciones de Chiapas. El hecho es que no se viene gobernando, lo que se viene realizando es mal administrando, en donde la austeridad se ha convertido en una política de no gasto y de no inversión, lo que tiene prácticamente colapsada la economía del Estado, que requiere de la inversión gubernamental.

El turismo, que representa una fuente importante de ingresos para Chiapas, tiene su principal problema en la inseguridad y en la violencia que se vive en las carreteras, en donde se volvió parte de la vida cotidiana que grupos pongan retenes y ejerzan un cobro ilegal por el derecho del tránsito vehicular.

Los últimos acontecimientos de violencia en Chenalhó, Oxchuc, Bochil San Juan Chamula y Simojovel van a quedar impunes, en virtud de la prevalencia de una intervención facciosa de la fiscalía, que instrumenta órdenes arbitrarias de aprehensión, que no investiga las acciones de omisión de las autoridades municipales y estatales, que no abre carpeta de investigación por los delitos del uso de armas para uso exclusivo del ejército ni solicita la atracción de la fiscalía general de la república, que fundamenta sus detenciones hacia los pobladores, muchos de ellos inocentes y en donde su accionar no busca romper los cacicazgos locales quienes patrocinan la violencia.