Los costos de la lucha contra la delincuencia

Los dos pensadores de mayor importancia en la Ciencias Sociales coinciden sobre la visión del Estado. Marx consideraba al Estado como violencia y Weber como el monopolio de la violencia legítima. Sin embargo en los países latinoamericanos se observa que la violencia ya no es sólo por parte del Estado sino que se desarrollaron carteles de la droga, quienes han perfeccionado la “pedagogía de la crueldad” surgida de la violencia del Estado contra los disidentes y que ahora los carteles la ponen en práctica en la guerra informal y los enfrentamientos contra sus antagonistas.

La fuerza que adquieren estos grupos de la delincuencia organizada están provocando una progresiva pérdida del control del Estado, a punto tal que se tiene conformada una estructura paraestatal, cuya organización financiera, militar y del poder es superior a la del Estado y que se ha constituido a su vez, en una importante empresa, que genera empleos y que está constituido por un importante capital humano transnacional, tal y como sucede con el cártel de Sinaloa, en el que se señala que actúa en el 80% de los países del mundo, en el que políticos de los distintos países forman parte de su nómina.

Estos grupos criminales mantienen una guerra informal entre sí por el control del mercado y las rutas, pero aparte mantienen una guerra formal declarada por el Estado, que ha ocasionado más de 100 mil víctimas y más de 300 mil desaparecidos en los últimos 15 años. En esta guerra un senador norteamericano señaló un tráfico diario de 2 mil armas de alto poder y en el informe del año 2015 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre México, se señaló que existen en el país más de 20 millones de armas sin registro y que los beneficios de los carteles superan los 120 mil millones de dólares al año.

Frente a esta estructura paramilitar y paraestatal, el gobierno de AMLO ordenó la detención del hijo del Chapo Guzmán, en un operativo que ocasionó se evidenciara la debilidad del Estado y que México aparezca en la mirada del mundo como un país incapaz de controlar los niveles de violencia y de garantizar la seguridad a la población.

Esa debilidad del Estado mexicano se busca ocultar a través de un discurso humanista del presidente, en el que se privilegió la vida de la población inocente, algo que sin duda resulta loable. Pero a la luz del capital nacional e internacional el mensaje es otro: se reconoce que  el crimen organizado en México es hoy una estructura de poder transnacional en expansión y no parece haber medida pública capaz de contenerlo. Esto incrementa las calificaciones de riesgo país en México y puede llegar a afectar las inversiones directas, lo que afectaría las posibilidades económicas. Un costo que el gobierno mexicano hasta en este momento no ha cuantificado.