La urgencia de cambios en Chiapas

La entidad, en décadas anteriores, arrastra problemas estructurales de pobreza, desigualdad social e injusticia que no van a resolverse en los próximos seis años, pero que en las expectativas de la población, por el discurso de la cuarta transformación, se esperaba que desde el inicio de la gestión el gobernador buscara sentar las bases para la transformación de Chiapas y el mejoramiento de la impartición de justicia pero esto simplemente no se ha hecho.

Después de doce años consecutivos de gobiernos malogrados, que generó una deslegitimidad, un hartazgo y un malestar popular, parecía obvio que los inicios del gobierno de Rutilio Escandón iban a estar marcados por la tensión y los conflictos, y que una tarea primordial era reconstruir los márgenes de gobernabilidad democrática, a través de una política de garantizar la legalidad con la aplicación correcta de la ley.

Bajo este desafío lo peor que podía suceder en la entidad, y desafortunadamente se produjo, es la continuidad de un gobierno con una aplicación selectiva de la ley, la subordinación del poder judicial a los caprichos de la fiscalía general, la prevalencia de jueces de consigna, la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, la práctica de linchar mediáticamente en las redes sociales a presuntos culpables violando la presunción de inocencia y asesinando y criminalizando a  activistas políticos violando inescrupulosamente los derechos humanos.

Para dejar de ser igual a los gobiernos que lo precedieron, la administración de Rutilio Escandón requiere dar un salto, pero eso no es posible con el gabinete que lo acompaña, que no ha sabido estar a las alturas de las circunstancias que la problemática en la entidad requiere, en el que no hay preocupación para resolver los problemas. El cambio de funcionarios es urgente, así lo sugirió el propio presidente, sin embargo el gobernador se resiste y con ello se incrementan los asuntos sin resolver y se acumulan los agravios sociales de un gobierno que prometió ser diferente pero que resultó lo mismo pero más austero, en el que prácticamente no existe inversión pública y el circulante sufre una grave parálisis.

A los problemas de gobernabilidad, de inseguridad y de impartición de justicia, se le suma el de la crisis económica que vive la entidad, que ya está considerada en recesión económica, pues lleva cuatro trimestres con cifras rojas en el que no hay crecimiento y sí presenta datos de decremento económico; tres de estos trimestres sin crecimiento corresponden a la actual administración, quien durante los once meses de gobierno no ha presentado un solo programa para reactivar las actividades económicas y no tiene ningún plan emergente de mejora económica ni de estímulos para incentivar la producción agropecuaria. Junto a ello, en este año se puede vivir la peor cosecha de maíz, lo que pondría en riesgo la soberanía alimentaria de la región.

La necesidad de tomar medidas drásticas para cambiar el rumbo de la entidad saltan a la vista y los informes estadísticos de INEGI así lo indican, en donde los resultados de esta administración continúan en la misma dirección que los gobiernos que ahora son criticados y que hacen insostenible una defensa de lo que eufemísticamente se hace llamar cuarta transformación.