Con violencia no gobernador

La peor decisión política que pudo haber tomado la administración de Rutilio Escandón, es la utilización sistemática de la fuerza pública para resolver los problemas sociales en la entidad. Eso sólo está provocando mayor violencia, contraviene las disposiciones de la presidencia de la república y se está construyendo una imagen del gobernador como represor.

Golpear y criminalizar a los estudiantes de la escuela normal de Mactumatzá, como se viene realizando, no es restablecer ningún Estado de derecho ni significa implementar una política de cero tolerancia. Por el contrario, la violencia institucional es una evidencia de violación de derechos y libertades y encubre la ineficacia de los funcionarios, como sucede con el secretario de gobierno y la secretaria de educación, en donde uno reitera su voluntad al diálogo pero no resuelve las demandas de los estudiantes y la otra publicita la entrega de más de 20 millones de pesos a esa institución, que genera linchamiento mediático y desinformación, con el fin de ocultar su incapacidad para construir un proyecto académico para las escuelas normales.

En el linchamiento mediático en contra de los estudiantes de Macumatzá lo que se busca es infundir el temor a las movilizaciones, criminalizar liderazgos y construir simpatía en la población para continuar con las acciones violentas contra los estudiantes para luego generalizarla en contra de toda lucha social.

El gobernador está equivocado con su estrategia de pretender gobernar de la mano de la fiscalía, porque el fiscal general está señalado de practicar y promover la tortura. Además la fiscalía en esta administración se ha caracterizado por la fabricación de pruebas, la invención de culpables y la protección de funcionarios de la propia fiscalía como responsables de delitos, robos y secuestros, en contra de la población.

En toda su carrera política Rutilio Escandón se procuró una imagen de gente de izquierda y fue cuidadoso de no involucrarse en las prácticas de violación a derechos humanos en los gobiernos en el que desde distintas posiciones fue colaborador. Por eso sorprende que ahora su administración se caracterice por el uso de la violencia institucional, generada por la incapacidad de sus colaboradores y se convierta en noticia nacional por los abusos y excesos policíacos.

Resulta obvio que esta administración no tiene una política hacia los jóvenes y resulta lamentable que el secretario de gobierno considere que la lucha estudiantil es solo para obtener dinero y beneficio personal. Por eso la secretaría de educación debe aclarar a detalle para qué fueron destinados los recursos entregados a la escuela normal, en virtud de que existe un expediente técnico para esa institución, en donde se detallan las partidas presupuestales y el uso de los recursos.

En concreto, los recursos entregados a Mactumatzá es parte del cumplimiento de compromisos contraídos por el gobierno federal con las escuelas rurales de años atrás y no son una dádiva del gobierno del Estado como se pretende hacer creer en la opinión pública. Si hay corrupción en el uso de esos recursos la secretaría de educación es corresponsable de esos ilícitos al ser omisa en la vigilancia y aplicación de esos dineros.

Los actos de violencia en contra de los estudiantes de la normal Matumatzá muestra el tamaño de funcionarios que hay en Chiapas, que buscan ocultar su incapacidad con el uso de la fuerza policíaca.