Orden con legalidad y eficacia

Es una práctica reiterada que los gobiernos en turno le soliciten cartas de respaldo a organismos empresariales para legitimar acciones violentas institucionales en contra de grupos sociales, tal y como sucede hoy día con las acciones realizadas en contra de los estudiantes de la escuela normal de Mactumatzá y lo sintomático es que los organismos empresariales se prestan a estos mecanismos de farsa, que construyen discursos que buscan fortalecer que la idea de bienestar está ligado al orden social. Algo que seguramente es cierto, pero lo equívoco es considerar que el orden social se construye con violencia y represión a los grupos que protestan.

El orden social se construye con instrumentos de legalidad que acompañan a la eficacia del Estado y  en Chiapas estas dos condiciones están ausentes. No hay legalidad en muchas de las decisiones de los funcionarios en Chiapas y mucho menos existe una eficacia gubernamental, de allí que la represión que ha desatado esta administración solo puede generar mayor violencia.

Si los organismos firmantes de cartas de respaldo y reconocimiento a las acciones represivas que realiza la administración de Rutilio Escandón están interesados en el bienestar de Chiapas, entonces lo primero que tiene que exigir es eficacia y eficiencia en las acciones de gobierno, dos condiciones previas para la construcción de gobernabilidad democrática.

Es una paradoja en Chiapas hablar del bienestar cuando el 78% de la población vive en la pobreza. Por eso hay que cuestionarse a qué bienestar se refiere o de qué Estado de derecho aplauden que se restablezca. Cuando en Chiapas se viola todos los días el derecho a una educación con calidad que mandata la Constitución. Y lo grave es que el pobre logro educativo en Chiapas no se debe a falta de recursos económicos, en virtud en que el presupuesto destinado a la educación en la entidad es superior a los 26 mil millones de pesos anuales.

Chiapas se encuentra entre las cinco entidades del país que mayores recursos destinan a la educación pero es el último lugar en logro educativo. ¿Por qué no hay correspondencia entre el presupuesto invertido en educación con calidad educativa en los estudiantes? ¿Por qué en las instituciones de educación en Chiapas se encuentran con mucha frecuencia a estudiantes que no entienden lo que leen?  ¿Por qué en Chiapas existe el egreso de profesionistas que no tienen el dominio de conocimientos básicos en lo que han sido formados? Los problemas de la realidad chiapaneca van más allá de simples cartas de respaldo a una administración que no sabe para qué es gobierno y donde los grupos firmantes de respaldo se convierten en cómplices de la ineficacia de funcionarios, que convocan a reuniones a los grupos pero que son incapaces de solucionar las demandas.

En Chiapas no hay gobierno y gran parte de esta situación se debe a que no existe gabinete ni proyectos de gobierno. Y esto lo saben muy bien los grupos empresariales en Chiapas, pero no se atreven a exigir eficacia  y responsabilidad a los funcionarios y prefieren seguir jugando el triste rol de aplaudidores.