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La ilicitud del gobierno en Chiapas

Editorial
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La detención de Anivar Gómez en el operativo policíaco del jueves pasado en contra de los estudiantes de la escuela normal de Mactumatzá, ratifica la práctica de la tortura, la fabricación de delitos y la inculpación de inocentes que realiza la fiscalía en Chiapas. Ya se ha señalado que Anivar Gómez es un comerciante, propietario de una papelería ubicada enfrente de las instalaciones de esa normal, quien fue detenido por los policías en el momento en el que huía del exceso de gases lacrimógenos que se utilizó en ese operativo, que afectó a transeúntes y vecinos que habitan la colonia Plan de Ayala, aledaña a la institución.

Ese solo hecho debió de servir al juez de control para instruir la inmediata liberación, del hasta hoy inculpado, quien en sus declaraciones manifestó la notoria muestras de tortura del que fue objeto por la policía, mismas que deben ser investigadas.

Con estas prácticas de ilicitud de la fiscalía general y de la secretaría de seguridad, la integridad, la libertad y seguridad personal de la población en Chiapas se encuentra en riesgo, ya que nadie está exento de ser inculpado y vinculado a proceso con pruebas montadas por la policía y los ministerios públicos.

Esas prácticas policiales características del viejo régimen del PRI se mantienen con plena vigencia en Chiapas, en un gobierno que se dice democrático y que debiera de ejercer la legalidad. Desafortunadamente la delincuencia organizada en la entidad actúa dentro del propio entripado de la fiscalía, con el conocimiento del fiscal general, que mantiene una complicidad silenciosa de los abusos y atracos que cometen los cuerpos de seguridad en contra de la ciudadanía.

El gobernador Rutilio Escandón se equivocó en los nombramientos de su gabinete, pero el máximo error en el que incurrió fue en el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca, quien tiene públicos señalamientos de la práctica de tortura que realizó en sus anteriores cargos y en el que fue implicado en la muerte de un detenido. Razón de sobra para que un gobierno democrático se abstuviera para poner en duda la credibilidad del cambio prometido.

El caso de la arbitraria detención de Anivar Gómez ya fue denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  situación que involucra al gobernador del Estado, quien mantiene otras ocupaciones y no se da cuenta del abuso de poder de sus colaboradores, que pone en riesgo la seguridad de la población.

Pero estas omisiones y acciones ilícitas del gobierno en Chiapas no son las únicas. También mantienen una actitud violatoria al derecho humanitario de las familias  desplazadas de Chenalhó, a quienes se les dejaron de proporcionar la ayuda alimenticia a la que está obligado el Estado por disposiciones internacionales, lo que reproduce las condiciones de vulnerabilidad de estas familias y en el que las autoridades chiapanecas pierden de vista que las personas en desplazamiento forzado tienen derecho a gozar, en plena igualdad, de los mismos derechos y libertades bajo el derecho interno e internacional que el resto de los ciudadanos del país y que es el propio gobierno de la entidad el obligado a garantizar la satisfacción de las necesidades de protección y asistencia de estas personas, algo que no se viene realizando, situación que provoca la violación y privación de múltiples derechos a este grupo de desplazados.