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Chiapas sin seguridad ni justicia

Editorial
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Distintas estadísticas y sondeos de opinión muestran que el gobierno de Rutilio Escandón no está funcionando y no se ven visos que esta situación cambie, lo que evidencia que no se viene gobernando. En un breve recuento se puede observar que las actividades económicas están paralizadas; el PIB presenta cuatro trimestres de decrecimiento; no hay crecimiento en el empleo; la inversión pública está estancada; el nivel de aprobación del gobernante aparece siempre reprobado y en los 10 últimos lugares; los problemas de gobernabilidad son permanentes y son muchos municipios en donde han existido situaciones de violencia; la inseguridad se apoderó de las calles; sin embargo, el mayor pesar de la sociedad chiapaneca se encuentra en el funcionamiento de la fiscalía general, que se ha convertido en un peligro para la seguridad ciudadana, pues se caracteriza por la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, en el que nadie está a salvo.

En los últimos días se difundió la detención y vinculación a proceso de don Anivar Gómez, cuya única falta es haber estado en su negocio de papelería, ubicada enfrente de la escuela normal de Mactumatzá, el día en que el gobierno montó un excesivo operativo policíaco en contra de los estudiantes de esa institución, en la se que llenó de gases lacrimógenos gran parte de los alrededores de la escuela normal, y los vecinos y transeúntes tuvieron que buscar refugio y protección del abuso policial, como intentó hacerlo Anivar Gómez, momentos antes de que fuera detenido sin motivo alguno, para luego ser torturado.

El juez, que tuvo conocimiento del caso, debió de haber ordenado la liberación inmediata del inculpado, por la incongruencia de la declaración policíaca presentada por el ministerio público, en el que se declara que Anivar Gómez fue detenido bajando de un automóvil, cuando existe un video que muestra que la detención se hizo en las afueras de su negocio. Con la vinculación a proceso, el juez faltó a la ley y se convirtió en un cómplice del abuso de poder de la fiscalía general, que evidencia las prácticas ilícitas que dan vida a los jueces de consigna, que tanto daño le han hecho a la sociedad al violentar los procesos de impartición de justicia.

¿Por qué permite este abuso de poder el gobernador del Estado, que afecta el proyecto de vida de una familia y cuya violación a derechos agrede a la sociedad en su conjunto? Lo primero podría ser porque desconoce lo que está sucediendo y no le están informando de las violaciones y abusos policíacos; en segundo, porque sus colaboradores del tribunal de justicia, de la secretaría de gobierno y de la fiscalía general le están engañando; tercero, porque le tiene demasiada confianza al fiscal general y lo respalda incondicionalmente; cuarto, porque considera correcto aplicar una sanción ejemplar sin importar la veracidad de los hechos; quinto, por el conjunto de complicidades que puede existir con sus colaboradores; sexto, porque delegó sus responsabilidades con sus colaboradores; y, séptimo, por frivolidad e indiferencia ante los problemas.

Cualquiera el que sea de los motivos señalados,  muestra a un gobernador poco involucrado con el sentido de la justicia, que representa una de las virtudes más preciadas que debe tener un gobernante, de la cual se desprende la honradez, la rectitud, la legalidad, el equilibrio, la responsabilidad, la libertad, la transparencia, la integridad, el respeto y la solidaridad.

Chiapas requiere urgentemente de un gobierno y Rutilio Escandón debe de rectificar hasta ahora lo andado, en el que malgastó la quinta parte del período para el que fue electo.