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La falsedad de la cero tolerancia

Editorial
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El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, lleva semanas repitiendo un discurso demagógico de cero delincuencia y asegurando que en Chiapas no se negocia la ley y la justicia. El mensaje recurrente del fiscal es insostenible en los hechos, pues él forma parte de un red de complicidades al interior de esa dependencia, en el que se viola la ley sistemáticamente y en la que se práctica la tortura como el método principal para inculpar a los detenidos.

Como muestra de esta afirmación se reconstruye la historia publicada los días 9 y 10 de mayo en esta misma sección del Diario Contrapoder en Chiapas.  Aquí la narrativa de los hechos: Omar Alejandro Acero Arroyo, fiscal de alto impacto, junto con 30 ministeriales sin orden de detención ni de cateo irrumpieron dentro de la propiedad  de don José Gregorio Coutiño Cruz, quien fue detenido junto con otros cinco familiares y expuestos a la opinión pública como los responsables del homicidio de Santos Abdul Guízar Manzur.

En el montaje que armaron en el operativo de detención, la fiscalía denunció que habían sido detenidos en flagrancia por robo en una gasolinería. Versión que fue desmentida con un video, en el que se observa cómo, con lujo de violencia, el detenido fue sacado de su domicilio. Ante esa evidencia el juez de control resolvió la no vinculación a proceso, poner en libertad a todos los detenidos y dar vista al ministerio público para la investigación de lo que resulte de la alegada tortura, denunciada por el detenido con la evidencia del video.

La ausencia de la investigación ministerial para encontrar al responsable o responsables del homicidio del señor Guízar Manzur, en el que se reproducen patrones de impunidad por parte de la fiscalía, probablemente conlleva a otra desgracia a la familia del finado, pues seis meses después es asesinado el joven Yusef Guízar Moreno, hijo de Abdul Guízar, y ahora ambos crímenes están sin resolver.

Sin embargo, el fiscal de alto impacto, señalado como responsable de fabricar pruebas y de torturar a detenidos continúa realizando sus funciones con normalidad en la fiscalía general, situación que evidencia las redes de complicidad al interior de esa dependencia, pero algo mucho más grave, con la fabricación de pruebas y la inculpación de inocentes se puede estar generando desde la propia fiscalía la protección de delincuentes.

La ausencia de investigación en los delitos de alto impacto en la entidad están provocando un clima de zozobra y de impotencia en la ciudadanía, pues las denuncias carecen de resultados y además ponen en riesgo la vida y la de los familiares de los denunciantes, en virtud de que se presume que la delincuencia cuentan con la protección de funcionarios de la fiscalía.

El discurso de la tolerancia cero y del combate a la impunidad que promueve a diario en su campaña mediática el fiscal general es atractivo pero irreal, y existen una enorme cantidad de evidencias que muestran que la delincuencia organizada opera desde el interior de la fiscalía; gran problema que el gobernador no quiere atender y mucho menos reconocer.