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Sin rumbo la seguridad y la justicia en Chiapas

Editorial
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En las condiciones críticas de inseguridad que se vive en Chiapas, que se recrudece con la fabricación de pruebas, con la práctica sistemática de la tortura y con la prevalencia de jueces de consigna, que violentan derechos al dictar resoluciones al margen del derecho, bien vale la pena realizar las siguientes interrogantes  ¿En manos de quién está la seguridad y la justicia en Chiapas? ¿El Fiscal General, la Secretaria de Seguridad y el Presidente del Tribunal de Justicia tienen los perfiles adecuados para garantizar la seguridad en Chiapas? ¿Son confiables estos funcionarios para impulsar los cambios en seguridad e impartición de justicia que Chiapas requiere en el marco de un gobierno que se dice de transformación? ¿En lo que va de este gobierno se han notado cambios en la seguridad y la impartición de justica? ¿De verdad hay un Estado de derecho y se combate la impunidad?

Existe la sensación y el reclamo de que el gobernador del estado se equivocó en los nombramientos del fiscal general y que mandó un claro mensaje de ilegalidad en su gobierno y de carencia de calidad moral, pues Jorge Luis Llaven Abarca carga, de años atrás, con el estigma de torturador desde su paso como funcionario menor en la procuraduría. De igual manera no se percibe que haya sido un acierto el nombramiento de la secretaria de seguridad Gabriela del Socorro Zepeda Soto, a quien se le señala de ser una subordinada más del fiscal general y quien ha sido rebasada por la delincuencia.

A su vez, Chiapas también padece de una falta de respeto en la figura del presidente del Tribunal de Justicia, con trayectoria política pero nula participación en labores jurídicas. Juan Oscar Trinidad nunca ha sido un abogado litigante y carecía de antecedentes para desempeñar esa responsabilidad, lo que le impide ser la cabeza de los juzgadores e impartidores de justicia. El nombramiento de Juan Oscar Trinidad está viciado por la inconstitucionalidad de su nombramiento, pues la ley establece que deben ser tres los magistrados constitucionales y cuando él fue nombrado para el cargo en ese momento habían cuatro; lo lamentable que ninguno de los magistrados impugnó la violación del nombramiento, lo que desnuda la pobre calidad moral de los personajes que integran el tribunal constitucional en la entidad, incapaces para defender la autonomía del poder judicial.

La mayor gravedad en el funcionamiento del tribunal de justicia es que ningún juez y magistrado está ahí por concurso de oposición y a los jueces los tienen por contrato cada seis meses, violando con ello disposiciones constitucionales. Lo que significa que no hay una seguridad laboral, por eso las deficiencias en la impartición de justicia y la existencia de jueces por consigna, que dificulta el ejercicio del derecho y el acceso a la justicia.

Si el gobernador Rutilio Escandón de verdad quiere trascender y conformar un gobierno de transformación, su punto de partida es en la seguridad y la justicia, pero no en las ferias que se vienen realizando en donde dolo se promueve la figura del fiscal sino a través de una amplia reforma del poder judicial, que le otorgue real autonomía, y quienes desempeñen los cargos de responsabilidad lo hagan por méritos propios y no por las recomendaciones que cada uno de los magistrados constitucionales ha tenido. Así como viene funcionado el aparato de seguridad y justicia no hay garantías de cambio y sí de un mayor deterioro, pues cada vez son mayores las denuncias en contra del fiscal Llaven Abarca por sus prácticas de tortura y de fabricación de culpables.