El gobierno de continuidad

En Chiapas, desde el momento en que fueron interrumpidos los diálogos para la paz entre el Estado Mexicano y el EZLN, no ha existido un nuevo intento por construir un plan de paz para la entidad, a pesar de que todas las organizaciones sociales en las regiones Selva, Norte y Altos se encuentran fuertemente armadas, lo que genera constantes brotes de violencia en gran parte de ese territorio.

Mucha de la violencia armada que se vive en la entidad fue creada por el Estado mexicano, que durante el gobierno de Ernesto Zedillo financió la formación de grupos paramilitares con el fin de confrontarlos con los grupos afines al zapatismo, y crear así un ambiente y un discurso que señalara que los conflictos en Chiapas se debían a la existencia de enfrentamientos intercomunitarios. De esa manera, a través de la formación de grupos paramilitares entre la población indígena, se buscó eximir al Ejército de toda responsabilidad del clima de violencia que se generalizó en la entidad.

En el período que lleva la administración de Rutilio Escandón, se han presentado distintas agresiones armadas con su dosis de muertos y heridos. Han sido reiteradas las balaceras en el municipio de Aldama, provocadas por grupos paramilitares de Santa Martha en Chenalhó; se vivió también un enfrentamiento en Amatán, que produjo la muerte de dos dirigentes de la MOCRI-CNPA y ello ocasionó la desaparición de poderes y la creación de un Concejo Municipal; de igual manera han existido enfrentamientos armados en San Juan Chamula, Pueblo Nuevo, Rincón Chamula, Chilón, Tila, Yajalón y Venustiano Carranza.

Paradójicamente el gobierno de Rutilio ha recibido dos recomendaciones por parte de la CNDH, originada por la desatención a los desplazamientos forzados provocados por los grupos paramilitares de Chenalhó, que afecta a más de 5 mil personas, la mayoría niñas, niños y mujeres, de los municipios de Aldama, Chachihuitán y Chenalhó. En ambas recomendaciones se le otorgó un plazo de seis meses al gobierno de Chiapas, para establecer un plan de pacificación en la región y garantizar el desarme de los grupos paramilitares, este plazo ya feneció y no se dio cumplimiento a la recomendación y ni siquiera hay intentos para definir estrategias para desarmar los grupos paramilitares ni se ha tomado ninguna decisión para garantizar el retorno con dignidad de los desplazados. Lo que sí se hace son acciones de oropel con las ferias de canje de armas, que e nada reducen la violencia y la inseguridad en Chiapas.

En este primer año de gobierno ha quedado claro que hay una continuidad de los gobiernos anteriores. No ha existido ninguna política de cambios que de señales que hay un nuevo gobierno preocupado por la mejora de la población. Lo más delicado es la ausencia de proyectos, que permita construir gobierno y abandonar las ocurrencias y las acciones de maquillaje que mucho daño le han hecho a la entidad.

En este primer año de la administración el gobernador Rutilio Escandón le ha quedado debiendo a Chiapas: integró que poca eficacia un gabinete que ha sido rebasado por las problemáticas de la entidad, no ha resuelto problemas heredados y se acrecentaron los problemas sociales y de inseguridad, en mucho, por la inacción de los funcionarios públicos, no se percibe que haya inversión pública a pesar de que la federación registra que se han canalizado más de 50 mil millones para Chiapas, no se han brindado apoyos para incentivar las actividades económicas de la entidad,  en los tres trimestres de este gobierno Chiapas ha tenido un decrecimiento de la economía, no se han creado fuentes de empleo y para males han existido miles de despedidos de la administración pública. A todo esto hay que agregar el incremento de la inseguridad, en el que nadie queda a salvo.

El silencio de Rutilio Escandón sobre estas situaciones resultan preocupantes pues muestra indiferencia y una ausencia de visión de gobierno, en momentos en que se percibe una crisis económica mayor.