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El gobierno de continuidad

Editorial
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Es una realidad que la operación política en Chiapas no está funcionando y no funciona, porque prevalece una visión clientelar por parte de los funcionarios y no una visión de Estado, de preocupación real por mejorar las condiciones de gobernabilidad y atender las demandas de la población, sin que esto conlleve a un beneficio electoral o a construir redes de complicidad para la obtención del voto. Ismael Brito no está trabajando para ser secretario de gobierno sino para obtener beneficios electorales en el futuro. Además está rodeado de personajes de la peor ralea, que en un gobierno democrático estarían sometidos a juicios, ya sea por golpear mujeres, por dedicarse a la trata, a la extorsión, por enriquecimiento inexplicable o por incurrir en delitos electorales.

Lo que debiera ser un gobierno democrático, que empoderara a los ciudadanos, que fortaleciera la transparencia y que mejorara la eficacia, está convertido en una continuidad de lo mismo que ha dañado a Chiapas y con su actuación como gobierno se está traicionando a los chiapanecos, que confiaron y votaron debido a que iban a ser un gobierno diferente.

En la entidad ha sido reiterado el uso de la fuerza y la arbitrariedad en el ejercicio del poder, pero eso sólo ha ocasionado mayor polaridad y una acumulación de enconos, que ha hecho de Chiapas una sociedad de conflictos, que se acostumbró a que hay que cerrar carreteras, tomar las casetas o secuestrar funcionarios, para que el gobierno establezca la mesa de negociación. Pero al mismo tiempo la inacción del gobierno y el desprecio hacia la movilización política generó que en el gobierno no se tomen mecanismos de prevención de conflictos.

En estas prácticas de represión la presente administración resultó igual o peor a los gobiernos que lo antecedieron. Las estadísticas son desalentadoras: tres defensores de derechos humanos han sido asesinados (Sínar Corzo, Noé Jiménez y José Luis Álvarez); ha sido permisivo en los homicidios en la Región de Los Altos debido a los conflictos entre Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán; es omiso en la atención a los problemas de desplazados a pesar que la CNDH emitió 2 recomendaciones para que se de el desarme de los grupos paramilitares y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos medidas cautelares para evitar riesgos que pongan en peligro la vida de los desplazados y de los defensores; y en este gobierno se han incrementado los homicidios dolosos, los feminicidios, los asaltos bancarios el secuestro y la violencia generalizada.

El peor síntoma que manifiesta la administración de Rutilio Escandón es que está gobernando con la mano de la fiscalía, lo que significa la incapacidad del diálogo y la construcción de acuerdos y se privilegia la represión y la violación a derechos humanos. Lo grave es que la fiscalía se caracteriza por las prácticas de tortura, la invención de delitos, la fabricación de pruebas, la intromisión sobre el poder judicial en la prevalencia de jueces de consigna, lo que implica que el tribunal de justicia queda sujeta y subordinada a los caprichos y violaciones de derechos humanos que orquesta la fiscalía general.

La situación de los derechos humanos en Chiapas no puede estar peor. Sobre todo, porque nadie está a salvo de la invención de delitos y la fabricación de pruebas que realiza la fiscalía, situación que confirma que la cuarta transformación se encuentra lejos de Chiapas.