No hay adelantos en el gobierno

Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura y fabricación de pruebas para encontrar chivos expiatorios y con ello encubrir a los verdaderos culpables de los delitos.

No es fortuito que en la  actual administración se busca presumir el combate a la delincuencia con el discurso de la cero tolerancia y con frecuencia se anuncia la detención de presuntos responsables de delitos de alto impacto como parte del compromiso de erradicar la impunidad.

Sin embargo, muchas de estas detenciones fantasiosas se han revertido en los amparos en los tribunales federales, en donde los jueces suelen ordenar la liberación de muchos de los procesados, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles o poco creíbles o violatorias al debido proceso. 

En esta perverso funcionamiento de la fiscalía general se cuenta con la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien mantiene fuertes vínculos con la administración pública y que en los hechos está subordinada al ejercicio del poder, lo que la convierte en una dependencia inútil par la defensa de los derechos humanos, situación que recrudece la vulnerabilidad de las personas, a punto tal en que nadie se encuentra a salvo de las arbitrariedades de la fiscalía.

A un año del inicio de la administración autodenominada de la cuarta transformación los peores resultados se encuentran en la seguridad pública, que ha mellado en el espíritu de las personas, que cada vez con mayor fuerza expresan su desencanto con el gobierno local, quien no ha sabido cumplir con las expectativas que ellos mismos fomentaron durante la campaña. La tarea debían tenerlo claro que no iba a ser sencilla por la terrible descomposición social que dejaron los anteriores gobiernos, pero lo real es que la nueva administración no ha realizado los esfuerzos necesarios para sacar adelante un conjunto de acciones que se requieren para sentar las bases de un nuevo Chiapas.

La conclusión de este primer año de la administración de Rutilio Escandón es que se mantuvieron vigentes los problemas de gobernabilidad, se acentuaron los problemas de inseguridad y se recrudecieron los problemas de pobreza y desigualdad social en la entidad. Lo que significa que de transformación no hay nada y sí mucho de continuidad en el desastre gubernamental que caracteriza a Chiapas, se observa que no hay gabinete ni plan de gobierno ni agenda política para Chiapas. En todo este primer año de la administración el gobernador Rutilio Escandón se ha esforzado en replicar en la entidad las disposiciones del gobierno de López Obrador, como si Chiapas no tuviera un cúmulo de problemas históricos, que no se van a resolver con la agenda federal, que está pensada hacia el futuro pero no para atender los problemas del pasado.