La prostitución en el poder judicial

El más grave problema en Chiapas es la ausencia de justicia, misma que viene reproduciendo patrones de impunidad, sin que haya visos de que esta situación mejore. Frente a esta falta de justicia se erige un tribunal de justicia en la entidad que se encuentra totalmente prostituido y funcionando en la inconstitucionalidad, pues el tribunal de justicia constitucional se encuentra ilegalmente integrado.

Al respecto el artículo 73 de la Constitución señala expresamente que este tribunal de justicia constitucional “en pleno se integrará por tres magistrados que durarán en su encargo nueve años” y el mismo se encuentra actualmente integrado por cinco magistrados constitucionales. Esta falta no puede pasarse por alto en virtud de que la Constitución del Estado establece en el artículo cuarto transitorio que: “El Congreso del Estado de Chiapas, deberá de aprobar, expedir y reformar, a más tardar el día 15 de Agosto del 2017, las Leyes que sean pertinentes para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones constitucionales.” La omisión en la integración del tribunal de justicia constitucional no es un delito menor, debido a que evidencia su imposibilidad de impartir justicia desde el momento mismo que el propio tribunal de justicia viola disposiciones constitucionales.

Pero las irregularidades del funcionamiento del tribunal son aún mayores. En el tribunal se tienen siete años que no se realizan los exámenes de control de confianza, mismos que son obligatorios realizar cada año de acuerdo a lo que dispone el artículo 12 del Código de organización del Poder Judicial de Chiapas, que expresamente señala: “Para el ingreso y permanencia en el cargo, los servidores públicos del Poder Judicial deberán someterse y aprobar los exámenes físicos, toxicológicos, psicológicos, socioeconómicos, dactiloscópicos y conocimientos o aptitudes, y en general de Control y Confianza según sea el caso, que previamente determine el Consejo de la Judicatura. Los servidores públicos del Poder Judicial, se sujetarán a un programa de evaluación permanente, establecido por el Consejo de la Judicatura, para que de forma aleatoria se verifique el cumplimiento de los requisitos señalados con anterioridad. El incumplimiento a lo dispuesto por este artículo será sancionado en términos de este Código y demás disposiciones aplicables.”

El último año en que se aplicó este examen de control de confianza fue en la presidencia de Rolando Rovelo y cuyos resultados fueron entregados  a la presidencia de Rutilio Escandón, los resultados de esos exámenes son escalofriantes, pues un poco más del 50% del personal del poder judicial evaluado resultó con problemas de consumo de cocaína. Lo grave de esta situación es que en lugar de tomar decisiones al respecto el informe de resultados toxicológicos fue guardado por la secretaría particular de la presidencia del tribunal y nunca más se realizaron ese tipo de exámenes, solo que éstos son de carácter obligatorios y deben de realizarse con urgencia, debido a la persistencia de comentarios que señalan que magistrados constitucionales, magistrados regionales y jueces son consumidores de algún tipo de drogas y mucho del personal del poder judicial presentan problemas de alcoholismo.

Junto a estos problemas graves de funcionamiento continúa funcionando la inconstitucional mesa de reconciliación, que en este momento se encuentra integrando expedientes para otorgar la liberación de presos condenados para este mes de diciembre, aún y cuando en este espacio se ha señalado reiteradamente que esa mesa de reconciliación es inconstitucional y viola la autonomía de los jueces y con base a los hechos se constituye en una cuarta instancia, no contemplada en la Constitución.

El tribunal de justicia requiere urgentemente de una cirugía, que cambie el rostro de la corrupción y de la ilegalidad, debido a que así como viene funcionando no responde a las exigencias de justicia pues sus procesos internos se encuentran lamentablemente prostituidos.